El Economista - Buen Gobierno y RSC
Justicia pone en marcha las leyes de eficiencia procesal
La nuevas normas pondrán en marcha los tribunales de instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el ámbito de los municipios
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, y prepara, para antes de que concluya el año, la Ley de Eficiencia Digital.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
Estas tres piezas de la norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.
El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.
Ley de Eficiencia Digital, prevista para antes de finales de año, propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.