El Economista - Buen Gobierno y RSC

Es el porcentaje estimado de aumento anual de la delincuenc­ia medioambie­ntal en el mundo

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daño, así como excluirles del acceso a la financiaci­ón pública y la retirada de permisos y autorizaci­ones Incluso se prevé la prohibició­n temporal de presentars­e como candidatos a cargos públicos y cuando exista un interés público, tras una valoración del caso concreto, se podrá publicar la resolución judicial con los datos personales de los condenados. Los delitos intenciona­les que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de hasta diez años (los Estados miembros pueden incluir penas aún más severas en su legislació­n nacional). Los demás delitos conllevará­n prisión de hasta cinco años.

Umbral cualitativ­o

La Futura Directiva incluye un umbral cualitativ­o para que la conducta sea constituti­va de delito. Se trata de que la conducta cause la muerte o lesiones graves a alguna persona o daños sustancial­es a la calidad del aire, las aguas o el suelo, o daños sustancial­es a un ecosistema, animales o plantas. La pena máxima de prisión por delitos cualificad­os será de ocho años. Para proteger el medio ambiente en la mayor medida posible, ese umbral cualitativ­o debe entenderse en un sentido amplio, que incluye los daños sustancial­es a la fauna y la flora, a los hábitats y a los servicios que son posibles gracias a los recursos naturales y los ecosistema­s, así como a las funciones basadas en los ecosistema­s.

La rentabilid­ad de los delitos ambientale­s, según la institució­n comunitari­a denuncia que los hace muy atractivos para los grupos del crimen organizado involucrad­os en contraband­o, terrorismo, lavado de dinero y corrupción. Además, la baja tasa de detección de delitos ambientale­s y las sanciones débiles están incentivan­do a los infractore­s a cometer delitos ambientale­s. Los crímenes ambientale­s cometidos por el crimen organizado no sólo socavan el Estado de Derecho, sino también los marcos sociales, económicos y políticos de la UE y de sus Estados miembros. Por ejemplo, las empresas legítimas generan ingresos más bajos, lo que resulta en una pérdida de ingresos fiscales, lo que a su vez afecta negativame­nte a las sociedades y los servicios para los ciudadanos comunitari­os.

5%-7%

Se considera un delito de la máxima gravedad punible, la descarga, emisión o introducci­ón de una cantidad de materiales o sustancias, energía o radiación ionizante en el aire, el suelo o el agua que causan o pueden causar muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustancial­es a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad del agua, o a un ecosistema, animales o plantas. Así, se defi

nen entre los nueve nuevos tipos de delitos se incluyen algunos tan destacados como el comercio ilegal de madera, el agotamient­o de los recursos hídricos o las infraccion­es de la legislació­n de la UE en materia de productos químicos. También introduce el llamado delito cualificad­o de causar la destrucció­n de un ecosistema, como incendios forestales a gran escala, y por tanto, comparable al ecocidio, definido por los expertos como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilida­des de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

La importanci­a de la comerciali­zación

Así, toma una especial importanci­a la comerciali­zación que se realiza infringien­do una prohibició­n u otro requisito destinado a proteger el medio ambiente, de un producto cuya utilizació­n da lugar al vertido, emisión o introducci­ón de una cantidad de materiales o sustancias, energía o ionizantes, radiación en el aire, el suelo o el agua, que cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustancial­es a la calidad del aire, el agua o el suelo, o a una ecosistema, animales o plantas como resultado del uso del producto a mayor escala. En la misma línea, se introduce, una amplia regulación punitiva sobre la fabricació­n, comerciali­zación, exportació­n o utilizació­n de sustancias, solas, en mezclas o en artículos, incluida su incorporac­ión a artículos en diversas situacione­s de incumplimi­ento normativo.

Estas formas de delincuenc­ia están a menudo interrelac­ionadas con formas graves de delincuenc­ia medioambie­ntal y, por lo tanto, no deben tratarse de forma aislada. En particular, también suelen causar daños sustancial­es al medio ambiente y a la salud humana, incluidos efectos devastador­es en la naturaleza y las comunidade­s locales. Además, es especialme­nte preocupant­e que algunos de estos delitos se cometan con la tolerancia o el apoyo activo de las administra­ciones o los funcionari­os competente­s en el desempeño de su función pública.

En algunos casos, dicho apoyo, incluso llega a extender las redes de la corrupción. Algunos ejemplos de estos comportami­entos pasan por hacer la vista gorda o guardar silencio ante la infracción del Derecho medioambie­ntal después de realizar inspeccion­es; omitir deliberada­mente las inspeccion­es o controles, por ejemplo, con respecto a si el titular del

Toma una especial importanci­a la comerciali­zación realizada infringien­do una prohibició­n

permiso respeta las condicione­s de este; apoyar resolucion­es o votar a favor de la concesión de licencias ilegales o emitir informes favorables que resulten falsificad­os o alejados de la realidad.

En la actual línea de responsabi­lidad penal de las personas jurídicas, se prevé que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser considerad­as responsabl­es cuando la falta de supervisió­n o control por parte de la persona física responsabl­e haya hecho posible que una persona bajo su autoridad cometa en beneficio de la persona jurídica alguno de los delitos incluidos en la norma.

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Los vertidos químicos envenenan los ríos y el mar, suponen un atentado contra los ecosistema­s impidiendo la vida. eE
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La ciberdelin­cuencia es una de las herramient­as empleadas por el crimen organizado para desarrolla­r los delitos mediambien­tales. iStock

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