¿Qué piensan los colaboradores fiscales cuando se relacionan con la Administración Tributaria?

El 7 de febrero pasado se publicó un post en el blog del Instituto de Estudios Fiscal con un título semejante al de la presente tribuna, sustituyendo “colaboradores fiscales” por “ciudadanos”, en el que se informaba de los resultados de las encuestas organizadas por tal institución anualmente que dan lugar al conocido como “barómetro fiscal” de 2022. El universo estadístico lo formaban personas de nacionalidad española, mayores de 18 años, que fueron entrevistadas personalmente a través de una encuesta. Curiosamente, tras una evolución en la que la cifra de entrevistados llegaba a superar los 3.000 anuales en el lustro anterior, en el año 2022 los ciudadanos que participaron en esa encuesta no llegaron a novecientos. Interesaba conocer la percepción de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria y, especialmente, su opinión sobre la documentación que reciben de la AEAT, sus sentimientos a la hora de realizar trámites con dicha administración y si creían preciso contar con un colaborador fiscal.

Estas encuestas fueron analizadas, junto a las realizadas a un universo de 443 colaboradores fiscales, en el seno de un proyecto de investigación sobre el derecho a entender la comunicación tributaria (Com T-Clar), dirigido por la doctora Estrella Montolío, catedrática de lengua española, y del que he tenido el privilegio de formar parte. La metodología utilizada para llevar a cabo la encuesta a colaboradores fiscales ha sido, sociológicamente, más precisa que la del barómetro fiscal, al consistir en una encuesta en línea autoadministrada a la que precedió una exploración de partida con una muestra reducida de 18 destacados miembros de la grey tributaria, a los que se les dirigió un cuestionario de preguntas abiertas gracias a la desinteresada colaboración de la AEDAF.

Por lo que se refiere a la claridad de la documentación utilizada por las administraciones tributarias, el primer estudio –el de los particulares– la puntúa por encima del aprobado, considerando que su tono es “neutro”, por encima de “intransigente” o “amenazante”. Un dato relevante de esta encuesta es que el 91% de los particulares encuestados no necesitaban un asesor fiscal para cumplir con sus obligaciones tributarias. Ello denota un claro sesgo estadístico, pues el universo encuestado se debe haber centrado en personas cuya principal relación

con las administraciones tributarias AATT, en adelante- tiene que haber sido forzosamente la mera confirmación del borrador de su declaración de Renta. La pobreza de la muestra estadística es cristalina. Por el contrario, los colaboradores fiscales valoran con carácter abrumador –más del 80%– que las prácticas comunicativas de las AATT son poco o nada clara, considerándose las diputaciones forales vascas como el ejemplo a seguir en materia documental y comunicativa en materia tributaria.

En este segundo estudio se entra en el análisis de los canales comunicativos de la AEAT, con una puntuación muy baja, de menos de 2 en una escala de 1 a 5, recibiendo las principales críticas (i) la obligación de cita previa, (ii) la obligatoriedad de comunicarse electrónicamente, (iii) la dificultad de ser atendidos por funcionarios especializados y con responsabilidad y (iv) la exclusión de los profesionales tributarios de los canales de atención personalizada.

Un sesgo evidente en los colaboradores fiscales es su alta especialización, que lleva a que sus respuestas mezclen las deficiencias comunicativas con la diarrea legislativa tan cara al ámbito tributario. Respuestas como esta son clara muestra de ello: “Hay una hipertrofia legislativa con normas que, además de ser de pésima calidad, conducen a la confusión e incertidumbre” o “Llega un momento que los empleados de asesorías dejan el trabajo porque no son capaces de soportar el estrés consecuencia de estos cambios interpretativos”. Quizá el déficit de ambas encuestas se encuentra, en este punto, en el hecho de que el sistema tributario actual esté configurado como un sistema de gestión privada en manos del contribuyente, a través de un método generalizado de presentación de impuestos mediante autoliquidaciones tributarias que se centralizan en manos del colaborador fiscal. Existe un sentimiento, expresado perfectamente por un profesional encuestado, de que los asesores “son utilizados exclusivamente como trabajadores de la Administración cobrando directamente de sus propios clientes, y además se les atribuyen responsabilidades que no les pertenecen”.

Y es que, efectivamente, el mitológico cumplimiento cooperativo, tan anhelado por parte de la academia, es hoy en día unidireccional, a través de un sistema de ejecución-imposición en el que el profesional se limita a subir la roca de las novedosas obligaciones a la cima del monte tributario para, una vez alcanzado el hito deseado por el Zeus administrativo, devolverle al valle y obligarle de nuevo a ascender la montaña con otra piedra todavía más grande. Todo ello no solo sin contraprestación alguna, sino convertido en un sospechoso habitual de los incumplimientos de sus representados. Ante este panorama no sorprende que, en el mundillo de la asesoría fiscal, la sensación de inseguridad e indefensión o el miedo a equivocarse y ser sancionador por ello sean puestos de manifiesto por el 90% de los encuestados, que muestran su síndrome de Estocolmo a través de una “indefensión aprendida” que les lleva a “no exigir claridad porque han dimitido de pretender entender a las AATT”. En palabras de los sociólogos que han estudiado las respuestas de este estudio, se percibe un trato al contribuyente como defraudador en potencia, adoptándose una jerarquía muy fuerte en la comunicación entre administración tributaria y contribuyentes a través de un discurso deshumanizante y carente de cortesía verbal, como bien expuso en su ponencia el lingüista miembro del equipo de investigación Gianluca Pontrandolfo.

En definitiva, debe considerarse la falta de claridad comunicativa como “la punta del iceberg de una realidad más profunda donde se mezclan la falta de claridad del corpus normativo, los cambios o disparidades de criterios en su aplicación y la relación jerárquica y prepotente hacia el ciudadano”. Es fácil considerar, con estos miembros, que algo huele a podrido en el sistema tributario español y, para orearlo, fuera bueno instaurar un barómetro fiscal profesional. Estoy seguro de que, colaboración –fiscal– no faltará.

Algo huele a podrido en el sistema tributario y, para orearlo, fuera bueno instaurar un barómetro fiscal profesional