El Economista - Buen Gobierno y RSC
El Gobierno aprueba el Plan anual normativo para el ejercicio 2024
El Plan recoge 198 propuestas normativas, que abarcan seis leyes orgánicas, 43 leyes y 149 reales decretos, con medidas, algunas de ellas que decaídas en la pasada legislatura.
El Ministerio de Justicia proyecta la aprobación de tres Leyes Orgánicas en 2024, incluyendo una reforma importante a la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal para modernizar el proceso penal y adaptarlo al modelo constitucional y a las normativas de la Unión Europea. Se contempla también la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y una ley complementaria para regular el procedimiento de determinación de la edad en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el ámbito de la protección de los derechos humanos, se propone un Real Decreto para establecer órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos.
Dentro del ámbito tributario, destaca el controvertido impuesto diseñado para asegurar un nivel mínimo global del 15% sobre los beneficios de grandes grupos multinacionales y nacionales. Esta medida responde al imperativo de transponer la Directiva (UE) 2022/2523. El propósito de esta ley es evitar estrategias fiscales de empresas multinacionales que trasladan beneficios a países con baja o nula tributación, promoviendo una tributación homogénea no solo dentro de la UE, sino también en los países del Marco Inclusivo. Además, busca lograr una distribución más equitativa de la renta y la riqueza.
Se establecerán como contribuyentes obligados aquellos grupos multinacionales con un importe neto de cifra de negocios consolidado igual o superior a los 750 millones de euros en al menos dos de los últimos cuatro ejercicios. Por otra parte, se transpondrá la Directiva 2023/2226, que amplía las obligaciones de registro y comunicación de información en materia tributaria, incluyendo activos e ingresos como los criptoactivos.En el ámbito estatal, se destacan los reglamentos sobre infracciones administrativas de contrabando y el abandono de mercancías bajo vigilancia aduanera, para actualizar la regulación en respuesta a la evolución legislativa.
En el ámbito laboral y social, se contemplan modificaciones al Estatuto de los Trabajadores, como la reducción progresiva de la jornada laboral máxima a 37 horas y media semanales sin reducción salarial, así como la regulación de instrumentos de registro horario para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. Se prevé también la modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, estableciendo garantías para los trabajadores y cumpliendo con la Carta Social Europea.