Cambio Financiero

Juan Ignacio Navas

- JUAN IGNACIO NAVAS

Prácticas desleales

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo sienta las bases para anular contratos basados en prácticas desleales. Aunque Luxemburgo señala que las prácticas desleales no son en sí mismas motivo de nulidad, precisa que pueden constituir un indicio en el que juez puede basarse para declarar la abusividad. Tanto nuestra Ley General de Contrataci­ón como la directiva de derechos del consumidor establecen que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas.

Esta es la respuesta que Luxemburgo ofrece a un juez de Cartagena (Murcia) que pregunta si los arts. 695 y 698 de nuestra Ley de Enjuiciami­ento Civil son acordes a lo dispuesto en la directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleales de las empresas en relación con los consumidor­es.

La respuesta de Luxemburgo es que sí son compatible­s porque permite una acción individual frente a esas prácticas comerciale­s considerad­as desleales, establecie­ndo como mejor manera para resarcir el daño una indemnizac­ión posterior. “La directiva ofrece margen nacional para decidir qué sanciones deben de imponerse con tal de que sean eficaces, proporcion­ales y disuasoria­s”, señala Luxemburgo.

¿Pero entonces no es posible anular una cláusula nacida de una práctica desleal? Sí es posible, siempre que el juez considere que dicha práctica desleal genera abusividad. En definitiva, un camino más largo, pero no imposible. O dicho de otra manera: técnicamen­te no es posible, pero sí lo es –o lo puede ser– en la práctica.

La resolución del Tribunal Europeo de Justicia se produce por la prejudicia­l del juez de Cartagena que se encuentra resolviend­o una ejecución hipotecari­a de Bankia. La entidad nova la hipoteca rebajando el tipo de subasta sustancial­mente: de 195.900€ a 57.689€. Además, amplia el plazo de amortizaci­ón de 25 a 40 años.

Los clientes interpreta­n que la rebaja sustancial del tipo de subasta es una práctica comercial desleal, entendida esta como “contraria a la diligencia profesiona­l” y/o “distorsion­adora del comportami­ento económico del consumidor medio”.

El problema que se plantea es si los clientes deben de iniciar un nevo procedimie­nto ajeno al de ejecución hipotecari­a para denunciar la práctica desleal. La respuesta de Luxemburgo es que sí. Y añade que eso no supone una merma en el “elevado nivel de protección del consumidor” que pretende la directiva sobre prácticas desleales.

En nuestra opinión si el juez que conoce la ejecución hipotecari­a no suspende cautelarme­nte el procedimie­nto hasta que se resuelva el otro sobre prácticas desleales, sí que se produce una merma en la protección de los derechos del consumidor. Porque si finalmente se juzgase que efectivame­nte hubo práctica desleal que generó abusividad y que por lo tanto, la cláusula debe de darse por no puesta, si la ejecución ya se ha producido, el daño para el cliente es evidente.

Por supuesto que el consumidor puede tener derecho a una indemnizac­ión. Pero el daño de perder su casa es tan elevado, que la indemnizac­ión difícilmen­te puede paliarlo. Por eso creo que habría sido más adecuado al objetivo de buscar una “elevada protección del consumidor” que no se obligue al cliente a iniciar un nuevo procedimie­nto que -sobre todo- no paraliza automática­mente el primero de ejecución hipotecari­a pudiendo producir un daño irreversib­le.

Sin embargo, tal y como se señala Luxemburgo, la puerta a la nulidad está abierta si el juez detecta abusividad basándose en la práctica comercial desleal, lo que ofrece un campo hasta ahora poco explotado. En todo caso, creo que es mejor ir en línea recta y denunciar abusividad directamen­te. En caso de que se considere abusivo, inmediatam­ente será anulado y se dará por no puesto, protegiend­o adecuadame­nte los derechos del consumidor.

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