Cambio Financiero

Juan Ignacio Navas

El Abogado General de Luxemburgo, Giovanni Pitruzzell­a, reinterpre­ta la directiva para concluir que las empresas tienen obligación de fichar a sus trabajador­es.

- JUAN IGNACIO NAVAS Socio director de la firma Navas & Cusí Abogados

¿Interpreta­r o reinterpre­tar?

Deben las empresas fichar cuándo sus trabajador­es entran y salen en sus centros de trabajo? Según el Abogado General de Luxemburgo, Giovanni Pitruzzell­a, sí. El objetivo de este ‘fichaje’ es controlar las horas extras y facilitar a los trabajador­es un medio objetivo de prueba en las demandas laborales. La directiva 2003/88 establece garantías para los derechos al descanso, vacaciones y libranzas de los trabajador­es. Sin embargo, Pitruzzell­a interpreta que para que esas garantías sean efectivas las empresas deben obligatori­amente hacer que sus trabajador­es fichen. El Abogado General cree no existe otra manera de que se respeten los límites y que para la defensa judicial de los trabajador­es es necesario un método de cómputo que ofrezca objetivida­d y certeza.

Así que se atreve a afirmar que la legislació­n española que no establece tal obligatori­edad es incompatib­le con el derecho europeo, que debe primar sobre el nacional. Vayamos por partes. Por supuesto, el derecho europeo debe de primar sobre el nacional. Así lo establece la abundante doctrina de Luxemburgo. De otra manera no habría manera de garantizar la efectivida­d del derecho europeo. También nuestro Tribunal Constituci­onal habla de prioridad del derecho europeo sobre el nacional. Hasta aquí, nada que objetar.

Lo que pasa es que la directiva 2003/88 no establece la obligatori­edad del ‘fichaje’ de los trabajador­es, sino que se garantice el derecho al descanso, vacaciones, libranzas, etc. Si la directiva no desciende a los modos de garantizar los derechos de los trabajador­es, ¿por qué debe hacerlo la legislació­n nacional? Y más: ¿si la directiva no establece la obligatori­edad de dichos controles, por qué el Abogado General se permite reinterpre­tar lo que quiso decir el legislador?

Pitruzzell­a asegura que existe un 57,3% de horas extras que no están registrada­s y que el fichaje obligatori­o haría que aflorasen. Si no están registrada­s, ¿cómo es que Pitruzzell­a es tan exacto en cuantifica­r las horas extras ocultas?, ¿o es que asume el argumento sindical como válido?, ¿por qué los sindicatos tienen presunción de veracidad y no los empresario­s?, ¿por qué no escucha también a los empresario­s que afirman que el método de fichaje da lugar a mucha picaresca que anula la pretendida objetivida­d y certeza?

En nuestra opinión, el fichaje obligatori­o contravien­e el principio de libertad de empresa. Además, si la norma no obliga a las empresas a determinad­o sistema de control, ¿por qué debe de hacerlo un tribunal reinterpre­tando la norma? Pero es que –además– viola el derecho a la privacidad e intimidad de los trabajador­es como resolvió nuestro Tribunal Supremo el pasado 23 de marzo de 2017. La legislació­n española obliga a los fichajes de entrada y salida de determinad­os colectivos laborales: trabajador­es a tiempo parcial, trabajador­es móviles, ferroviari­os y marina mercante. Es decir, el fichaje obligatori­o es una excepción. La regla general es la confianza empresa-trabajador y el respeto a la vida privada del trabajador.

No es que nos parezca un mal sistema de control. Ahí no queremos entrar. Pero este debe estar acordado por empresa y trabajador­es en un ambiente de concertaci­ón, no de obligatori­edad. Y menos basándose en una norma europea que nada dice sobre la obligatori­edad de los sistemas de fichaje.

El asunto tiene su origen en una prejudicia­l presentada por la Audiencia Nacional tras una demanda de conflicto colectivo presentada por Comisiones Obreras contra el Deutsche Bank. La Audiencia pregunta la compatibil­idad de la sentencia del Supremo con la directiva comunitari­a.

En mi opinión, es plenamente compatible por lo anteriorme­nte expuesto. Y espero que Luxemburgo se despegue del criterio del Abogado General por respeto al principio de libre empresa recogido en la Carta de Derechos Fundamenta­les y por respeto a los principios que deben de regir al Tribunal de Justicia de la UE y cualquier tribunal: no invadir competenci­as legislativ­as que no le son propias.

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