Cultura
Primero la vida, después el arte.
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se destinan 76,4 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales en España, y que incluye también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas (que podrán estrenarse en plataformas) o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, llegó a afirmar que “primero va la vida y luego, el cine, pero la vida, sin cine y sin cultura, tiene poco sentido y es poco humana”.
EEl pasado día 5 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas de ayudas al sector cultural, incluido un Real Decreto sobre una prestación por desempleo solo para artistas del espectáculo que no hayan podido acceder a otro tipo de ayudas, con la condición de haber cotizado como mínimo 20 días a lo largo de 2019. La duración estará en función del tiempo trabajado en los doce meses anteriores a la situación de desempleo y el importe, cercano a los 776 euros al que solo podrán acceder los trabajadores que estén incluidos en el Régimen General de Artistas. Las subvenciones para artes escénicas ascienden a los 40 millones y las líneas de crédito para el sector, hasta 780 millones.
Las ayudas se concretan de la siguiente manera: para las artes escénicas y la música, gestionadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 23.700.000 euros; 13.252.000 para las salas de cine; para las librerías independientes, cuatro millones y un millón para el arte. Las líneas de crédito serán gestionadas por Crea SGR, entidad privada cuyos principales accionistas son el Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales, EGEDA (Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales) y el Ayuntamiento de Madrid. Las respuestas no se hicieron esperar. La patronal FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) mostró su satisfacción por las medidas.
Las salas de exhibición cinematográfica, la mayoría en manos de grandes distribuidoras multinacionales, más qué contentas con los más de 13 millones de apoyo. Ade
más, las productoras, que podrán estrenar directamente películas subvencionadas en plataformas y no en salas como venía siendo obligado, pudiendo recibir el 50% de las ayudas concedidas por adelantado antes del inicio de los rodajes, no tardaron en mostrar el respaldo a las medidas. La Asociación de Cámaras del Libro de España también ha mostrado su satisfacción, mientras que la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo ha evidenciado su decepción, manifestando que el arte no está gestionado por grandes empresas que vayan a recurrir a créditos. Por eso, han pedido ayudas directas y una renta básica para los creadores. Los más críticos, sin embargo, han sido los promotores musicales. Al día siguiente de la publicación del Decreto, la Asociación de Promotores Musicales (APM) denunciaba “que el Gobierno de España ha abandonado al sector de la música en vivo al no anunciar la aplicación del estado de fuerza mayor, como han hecho otros países europeos” y resumía su malestar ante la respuesta del ministro al ser preguntado por el futuro de los festivales: “eso se decidirá cuando llegue el momento”, queja que tendría valor si hubiera alguna autocrítica por su parte. Algunas promotoras deberían ser conscientes de que son parte del problema al apostar, en muchos casos, por festivales turísticos, en detrimento de las salas de música en directo, donde se buscan la vida muchos artistas durante el resto del año. Estos espacios han sido abandonados por los mayores promotores y las salas solo tienen la posibilidad de programar artistas menos populares, emergentes, románticos o aquellos que no ignoran que son lugares que preservar como parte del desarrollo profesional de la música.
La apuesta empresarial se limita a buscar la máxima rentabilidad a corto plazo, desarrollando festivales surgidos tras la burbuja inmobiliaria. Solo hay que ver dónde se celebran buena parte de ellos y los casos de corrupción política habidos en algunos de esos territorios: son parte de un problema que va más allá de la situación actual.
Sirva de ejemplo otra polémica surgida tras el anuncio por parte de una de esas promotoras organizadora de uno de festivales veraniegos más conocidos, cuyo beneficio sale en parte del dinero público recibido directamente –sin participar en ningún concurso o convocatoria de subvencione– formando parte de un complejo asociativo transnacional que se ha embolsado recientemente 500 millones de dólares del régimen sanguinario de Arabia Saudí. Cuando se hizo pública la imposibilidad de devolver el dinero de las entradas compradas con antelación se originó una cadena de comentarios en la red, entre ellos los del compositor Nacho Vegas, que manifestó que, mientras los medios se hacían eco de la noticia que perjudicaba al público, nadie mencionaba a los músicos y trabajadores que se iban a quedar sin trabajo.
Independientemente de pros y contras, lo primero que llama la atención es que casi todas las medidas adoptadas son para favorecer la difusión de determinados productos, nada para la investigación, la documentación, la creación o los públicos. Resulta significativo el apoyo directo, ya mencionado, a determinadas asociaciones y empresas y el inexistente para las pequeñas, obviando los propios informes del Ministerio de Cultura que, en 2018, señalaba que en nuestro país había 122.673 empresas en el sector cultural, de las cuales 79.318 no tenían ningún trabajador (es decir, son autónomos) y 35.198 tenían entre 1 y 5 trabajadores. Las que realmente garantizan la diversidad y la pluralidad sin ayudas directas quedan a expensas de líneas de crédito, a las que no es nada fácil acceder, dada la desconfianza de las entidades bancarias hacia ellas. Si a lo anterior unimos que a la prestación por desempleo no puedan acogerse los trabajadores auxiliares (técnicos, maquilladores, montadores, tramoyistas, conductores, etc.) o que se encomienda la tramitación de las ayudas a una entidad privada relacionada con el mundo audiovisual, cuya pesada maquinaria resulta inadecuada para canalizar ayudas de pequeña cuantía a una multitud de potenciales beneficiarios, parece confirmado que quienes han elaborado el Decreto desconocen la realidad sociocultural en su conjunto y que lo cómodo ha sido premiar a las entidades organizadas, con presencia habitual en los medios, que tardaron muy poco en mostrar su satisfacción, mientras el malestar y la preocupación cundían en los sectores minoritarios y las empresas medianas y pequeñas. No se debe olvidar que forman también parte de un sector que representa el 3,5% del empleo total, con una escasa financiación de la
Administración pública, un 0,44% del total del PIB de 2018, algo ridículo en comparación con otros sectores, siendo este en el que la mayoría de sus trabajadores no alcanza a recibir 12.000 euros al año. La disminución de su presencia y peso será un golpe muy duro a la pluralidad. Para intentar evitarlo es fundamental la implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene un papel fundamental para garantizar la diversidad y el empleo cultural. La situación actual debe servir para pensar a medio y largo plazo y que no vuelvan a pagar la actual crisis los de siempre y para que, cuando surja otra, estemos preparados, fortalecidos y no tan debilitados como ahora, algo complejo cuando los responsables políticos se mueven por el cortoplacismo electoral. Igual que no hay ningún inconveniente en sentarse y apoyar a las grandes empresas del entretenimiento, se deberían tener en cuenta propuestas o iniciativas como la creación de una Renta Básica Universal, firmada por casi 4.000 trabajadores y demandada por amplios colectivos, y pensar y tomar medidas de futuro (algunas las manifestamos en los primeros días de confinamiento en un artículo colectivo donde planteábamos, además de la Renta Básica Universal, la elaboración de una Ley Estatal de Cultura, otra sobre su financiación y la creación de un Fondo de Garantía Cultural que proteja tanto a proyectos como a las empresas y los trabajadores más vulnerables).
En momentos de extrema dificultad es cuando realmente se deben plantear salidas de futuro que beneficien a la mayoría. No tomar solo medidas que pueden ser prácticas a corto plazo pero que se convierten en parches, maquillando solo una realidad que mayoritariamente ha apostado por lo espectacular, los grandes eventos y conmemoraciones, olvidando lo pequeño y lo local, que es lo que nos diferencia y contribuye a nuestra identidad como país. De no hacerlo, estaremos a expensas de grandes plataformas y herramientas, la mayoría multinacionales, que aprovechan cualquier oportunidad para incrementar sus ingresos, sin tributar en España y, cuando lo hacen, es por cantidades ínfimas.
La Federación Española de Municipios y Provincias es fundamental para garantizar la diversidad y el empleo cultural