Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae)

Nos encontramos al inicio de un proceso de cambio profundo, extenso y urgente de nuestro modelo energético que afecta de lleno a todos los sectores, también a aquellos que tradicionalmente no han sido considerados tan “energéticos”. Este cambio de modelo es una obligación moral y legal, pero sobre todo una oportunidad para modernizar nuestra economía y fortalecer nuestra sociedad, en la que el papel del urbanismo, la arquitectura y la construcción va a ser clave. El pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó el marco estratégico de energía y clima, una serie de instrumentos para hacer efectivo este objetivo, que incluye el borrador de Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de acuerdo con la normativa europea, junto con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como marco normativo y la Estrategia de Transición Justa para aprovechar las oportunidades de empleo de este proceso. El Plan de Energía y Clima fija para 2030 el objetivo de reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.

Para conseguirlo, es necesario no solo un importante desarrollo de las renovables, sino también una reducción del consumo de energía primaria del orden del 1,9% anual. En este sentido, las principales medidas abordan la mejora del parque

edificado, un replanteamiento de la movilidad y la integración de renovables en el ámbito urbano.

En cuanto a la edificación, la inminente revisión del código técnico incrementará no solo los estándares de eficiencia energética, sino también la aportación de renovables a incluir en nuevos edificios. Sin embargo, todavía más importante es actuar sobre el parque edificado existente dado el peso que va a seguir teniendo en las próximas décadas. Así, se prevé la rehabilitación energética de al menos 1.200.000 viviendas en la década 2021-2020 y la renovación de instalaciones térmicas en más de 300.000 viviendas al año.

Para impulsar esta renovación se prevén 5.500 millones de euros de apoyo público a lo largo de la década, que permitirán movilizar una inversión de más de 22.000 millones. Asimismo, se prevén medidas fiscales estatales, autonómicas y locales e instrumentos de financiación blanda para movilizar la inversión y simplificación administrativa para hacerla efectiva. Será también fundamental incidir -de la mano de los sectores y profesionales ligados a la edificación- en la formación y sensibilización de la ciudadanía: entre otros, el certificado de eficiencia energética debe dejar de ser un mero trámite para convertirse en una herramienta útil que transmita de forma pedagógica tanto el gasto energético que va a suponer el uso del edificio como las posibilidades de mejora.

Por la parte de la Administración Pública, se prevé extender a administraciones locales y autonómicas la obligación de renovación de al menos el 3% de la superficie edificada de la Administración. Motivado por la capacidad ejemplificante de la Administración, se contempla que la contratación pública de construcción deberá incluir criterios como la máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten, el uso de materiales de construcción sostenibles, así como la reducción de emisiones en las distintas fases de construcción, no solo durante su uso. Prevé incluso que aquellos edificios con un arrendamiento vigente que no sean de consumo casi nulo no se puedan prorrogar más allá de 2030.

De cara a la movilidad, la principal apuesta es por el cambio modal, con el objetivo de pasar el 35% de los pasajeros-kilómetro que se realizan en vehículos convencionales de combustión a otros modos. Para ello se reforzará el transporte público y fomentarán los planes de transporte al trabajo por parte de empresas.

El marco de energía y clima contempla también un adecuado diseño de la planificación urbanística que permita, por una parte, minimizar las necesidades de desplazamiento y facilitar que éste se pueda realizar a pie o en bicicleta y, por otra, responder a los impactos del cambio climático, como pueden ser las olas de calor y los episodios de precipitaciones extremas.

Autoconsumo, palanca clave

Por su parte, el autoconsumo se prevé como palanca clave para el impulso de las renovables. Gracias a la reducción de costes, tras los recientes cambios normativos que suprimen el llamado “impuesto al sol” y simplifican enormemente la implantación y la inminente implantación de la “factura neta” para los excedentes, se hace económicamente rentable que empresas, hogares y administraciones generen una parte de la energía que consumen. Esto permite movilizar hacia las renovables inversión privada que, de otro modo, no se hubiera destinado a este fin, así como avanzar hacia un sistema energético más descentralizado y democratizado. A este planteamiento hay que sumar el autoconsumo colectivo, que permite compartir instalaciones de autoconsumo a nivel de bloque, barrio o polígono, y crear así auténticas comunidades locales de energía en las que se optimice de forma conjunta la energía generada. A nivel económico, debido a las nuevas inversiones, la competitividad de las renovables, los ahorros por eficiencia y la reducción de importaciones de combustibles fósiles (que supone una mejora en la balanza comercial de más de 75.000 millones de euros en la década), el plan supone un incremento significativo del PIB y del empleo.

Concretamente en el ámbito de la construcción, el valor añadido del sector aumenta entre 2.400 M€ en 2021 y 2.500 M€ en 2030, como consecuencia de las inversiones en rehabilitación de viviendas y el despliegue de todas las infraestructuras necesarias para el despliegue de las renovables o los vehículos eléctricos. En cuanto al empleo, se prevé que incremente entre 37.000 y 42.000 personas/año, con puestos de trabajo no deslocalizables.

En cualquier caso, para aprovechar este potencial no es suficiente la iniciativa pública. En concreto, debemos terminar de superar una dinámica donde lo que primaba en la construcción era el precio de la obra nueva para priorizar la calidad del conjunto parque edificado. El usuario final tiene que entender que rehabilitar no es un gasto sino una inversión que supone revalorizar la edificación, pero también ganar en calidad de vida y ahorrar en energía. También necesitamos que el sector ofrezca nuevos productos y modalidades de inversión que hagan comprensible, accesible y atractiva la rehabilitación.

Y en todo caso, es fundamental un diálogo continuo y constructivo entre Administración, ciudadanía y el sector que permita alinear las políticas públicas y las estrategias empresariales para que, como país, podamos hacer efectivas las ventajas ambientales, sociales y económicas del cambio de modelo energético.

Es necesario no solo un importante desarrollo de las renovables, sino también una reducción del consumo de energía primaria del orden del 1,9% anual. En este sentido, las principales medidas abordan la mejora del parque edificado, un replanteamiento de la movilidad y la integración de renovables en el ámbito urbano”

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