• Seopan. Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

Tenemos motivos para contemplar con orgullo el trabajo que entre todos hemos realizado en materia de infraestructuras durante los últimos cuarenta años, pero, no por ello, debemos caer en el error de pensar que tenemos el futuro asegurado. Tras ocho años de consolidación fiscal, la inversión pública en infraestructuras no ha hecho más que reducirse, destinándose hoy 31.000 M€ al año menos que en 2007, al soportar el 46% del ajuste total operado en el gasto público. Como consecuencia de ello, la inversión en infraestructuras representa hoy un porcentaje sobre el PIB equivalente al de 1979. Ello ha provocado que nuestras necesidades de infraestructuras prioritarias, las que nuestro país debe afrontar en el corto y medio plazo, se hayan incrementado. Sin embargo, en el panorama global, seis de las diez mayores economías del mundo lideran la inversión en infraestructuras estratégicas con una cartera de proyectos de 353.000 millones de dólares.

Nuestro diagnóstico sobre prioridades en infraestructuras a realizar a corto y medio plazo realizado junto a la ingeniería Sener concluye en más de 800 nuevas actuaciones, ya planificadas, de 121.000 M€ de inversión, y seleccionadas de acuerdo a criterios de rentabilidad socioeconómica y de cumplimiento de las directivas y normativa nacional.

En accesibilidad a ciudades y movilidad urbana se identificaron 29 actuaciones de cercanías ferroviarias en 656 km y 16.000 M€ de inversión; 36 vías urbanas y circunvalaciones de 410 km de 7.000 M€, y 37 actuaciones de metro de 14.900 M€ en 144 km de nuevas líneas. La construcción de todas estas actuaciones, de 37.900 M€ de inversión, induciría un ahorro de 120.000 horas/día con un beneficio social por este concepto de 38.100 M€ en un periodo de 30 años. En transporte viario y ferroviario interurbano se identificaron 162 actuaciones con una inversión superior a 46.000 M€ en 4.223 km de nueva infraestructura, obteniendo un ahorro de tiempo diario por kilómetro de infraestructura de 90 y 33 horas para el ferrocarril convencional y vías interurbanas. En infraestructuras logísticas se identificaron ocho conexiones ferroviarias con nuestros principales puertos de 700 M€ de inversión. Obtienen el mayor ratio de beneficio sobre coste,

8.5, derivado de su ahorro de costes ambientales.

En el ciclo integral del agua destacan 510 actuaciones prioritarias de 12.000 M€ con terminación programada en 2021 y de las que más de la tercera parte, el 37%, son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la CE. Cinco tipologías representan el 85% de la inversión anterior, siendo especialmente críticas las de saneamiento y depuración. Acometer su realización en un nuevo Plan Nacional de infraestructuras hidráulicas proporcionaría un beneficio social de 52.000 M€ durante su periodo de vida útil.

Las infraestructuras de medio ambiente constituyen otro importante déficit inversor. Reducir a cero el vertido directo de más de cinco millones de toneladas de resi

duos, y además valorizar energéticamente los rechazos de nuestras plantas de tratamiento requeriría invertir más de 6.500 M€.

Si nos referimos al mantenimiento de nuestra red viaria, el último informe de la Asociación Española de la Carretera cuantifica un déficit inversor en la mejora y puesta a cero de la red convencional de 7.200 M€.

Por último, en relación a las infraestructuras de equipamiento público de salud y educación, hay que apuntar que sus actuales niveles de inversión equivalen a los de 2002 y 1995, respectivamente. Respecto de las cuatro mayores economías europeas, invertimos por habitante un 71% y 30% menos en infraestructuras de educación y salud, respectivamente, y resolver el déficit inversor acumulado en 2011-2016 requeriría invertir 10.500 M€ en ambas tipologías.

Consenso o Pacto de Estado

Resolver las necesidades de inversión anteriores requiere necesariamente alcanzar un consenso en el Congreso o

Pacto de Estado entre las principales formaciones políticas, centrado, además de en priorizar las líneas de inversión, en la sostenibilidad y financiación de las infraestructuras, pues la reducción del déficit y deuda pública junto al mantenimiento de nuestra agenda de gasto social (pensiones, salud y educación) van a limitar cada vez más la disponibilidad de recursos presupuestarios.

Lo anterior debería concluir en una revisión de nuestro actual modelo de financiación. El presupuesto público debería sufragar únicamente aquellas infraestructuras en las que, por razones de interés público, no sea posible repercutir al usuario el coste de la inversión (cercanías, metro, hospitales y universidades), difiriendo en el largo plazo el coste para el contribuyente por razones de equidad generacional. El resto de infraestructuras deberían ser financiadas, parcial o totalmente, por sus usuarios, como pasa en el resto de países de nuestro entorno. Ambos casos implican la financiación del sector privado mediante concesiones que, además de no alterar la titularidad pública de nuestras infraestructuras, no compromete las prioridades sociales antes referidas.

Por todo ello, la planificación, priorización y sostenibilidad financiera de nuestras infraestructuras deberían ser materia de Estado. La experiencia pasada demuestra que nuestra sociedad tiene la capacidad y pujanza necesarias para enfrentar con éxito los mayores retos, pero ningún avance será posible sin un amplio consenso entre los que hoy representan los intereses de todos los ciudadanos.

Nuestro diagnóstico sobre prioridades en infraestructuras a realizar a corto y medio plazo realizado junto a la ingeniería Sener concluye en más de 800 nuevas actuaciones, ya planificadas, de 121.000 M€ de inversión, y seleccionadas de acuerdo a criterios de rentabilidad socioeconómica y de cumplimiento de las directivas y normativa nacional”