Caros por jurisprudencia

Una de las reivindicaciones más insistentes en el ciclismo español es la rebaja de las exigencias impuestas por el Consejo de Ciclismo Profesional de la RFEC para los equipos de categoría Continental -en la foto de abajo, Jon Odriozola, cabeza visible del nuevo Murias Taldea-, tercera división de la UCI cuyos requisitos son dejados por la federación internacional en manos de las nacionales. Con objeto de incentivar el nacimiento de estas escuadras con posibilidad de participar en carreras menores de todo el mundo y una estructura a medio camino entre el profesionalismo y el amateurismo, en prácticamente todos los países se ha optado por marcar unos mínimos exiguos que dejan el presupuesto necesario en apenas 150.000 €. No obstante, en España no es posible operar legalmente un Continental con menos de 400.000 €. El motivo es que se exige contrato laboral para todos los ciclistas, cuatro técnicos y un médico, lo que sumado a los correspondientes gastos de cotizaciones dispara el coste de la escuadra. Frente al clamor de corredores dispuestos a competir gratis a cambio de gozar de una oportunidad se alzan, según fuentes consultadas por esta revista, sentencias del Tribunal Supremo que obligan a que, una vez haya una retribución, el deportista o técnico sea considerado como trabajador y por ende perciba el salario mínimo y todos los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Más de la mitad de los ciclistas que llegaron en el pelotón cabecero del pasado Mundial sub23 corrió durante el año en un Continental, lo cual refrenda la utilidad de esta categoría como escalón intermedio entre las categorías inferiores y la élite. Si hay opciones para que sea menos costosa en España corresponde dilucidarlo a los juristas.