Álvaro Nadal recaba fondos para crear un lobby empresarial
Con el nombre de Asociación para la Competitividad Internacional de la Empresa Española Ha pedido fondos a compañías y asociaciones
Para estupefacción de las empresas que se sintieron maltratadas por la política de recortes de la reforma energética del anterior Gobierno del Partido Popular, el exministro de Energía, Álvaro Nadal, se está dirigiendo personalmente a muchas de ellas, o a sus asociaciones sectoriales, para recabar fondos para poner en marcha una asociación que defienda a la empresas españolas en el exterior.
Según el documento que Nadal les ha hecho llegar este mismo mes, y al que ha tenido acceso CincoDías, la iniciativa lleva el nombre de Asociación para la Competitividad Internacional de la Empresa Española. Con una estructura reducida de funcionamiento (apenas media docena de personas), “pues para la defensa sectorial concreta ya están las actuales asociaciones”, el exministro reclama “recursos” para realizar su labor internacional “mediante la participación en una red de asociaciones similares en los demás países europeos”, para hacer lobby ante las instituciones comunitarias y “mantener una presencia mediática”.
En el punto de mira de Nadal están, principalmente, asociaciones industriales del sector del automóvil (Anfac); el sector cerámico (ACER); siderúrgico (Unesid); químico (Feique); los cogeneradores de energía (Acogen), o las de grandes consumidores de electricidad (AEGE) o gas (GasIndustrial). También empresas a título individual.
Según el texto, y tal como ha informado Nadal personalmente, “CEOE ha mostrado su interés” en que esta asociación forme parte de sus filas “como miembro destacado”. De esta manera “se conciliarían los intereses” de los sectores más abiertos y competitivos, a los que se dirige la asociación en ciernes, con el resto de sectores productivos.
Las empresas españolas que compiten en el exterior, que representan la cuarta parte del PIB, están infrarrepresentadas institucionalmente en el exterior, según el documento. Para paliarlo, se propone la creación de una asociación que incidirá en los factores comunes de estas compañías, como el laboral, el energético y el tributario, y en ello centrará su defensa.
En otras palabras, el nuevo lobby “actuará de paraguas” del trabajo que ya realizan las asociaciones. Así, trabajará en el ámbito del análisis económico y el impacto regulatorio, para proporcionar un “argumentario” ante los Gobiernos nacionales y europeos, así como en el análisis jurídico de las medidas que afecten a las empresas. Por otro lado, prevé desarrollar una actividad mediática, no solo en los medios tradicionales, sino en redes sociales, e institucional, con Gobiernos y agentes sociales.
Entre los intereses de la asociación estarían el debate sobre las pensiones, las reformas fiscales (con especial incidencia en los tributos no deducibles en la frontera o el incremento de los impuestos especiales) y la transición energética. En este punto, el que fue- ra titular de Energía hasta el pasado junio, se erige en defensor de las industrias deficitarias en derechos de emisión de CO2, cuyos costes eléctricos se incrementarán en 3.500 millones de euros, de los cuales la mitad sería asumido por los sectores competitivos.
Defensor a ultranza del mantenimiento de las centrales tradicionales, como las nucleares y de carbón, Nadal calcula que el cierre del parque atómico supondrá un coste en la próxima década de entre 2.000 y 3.000 millones anuales, la mitad de los cuales también sufragarán los sectores a los que se dirige el lobby que promueve. Por su parte, la clausura de las plantas de carbón costará otros 2.000 millones, que se destinarán a retribuir las redes eléctricas y las energías renovables “del pasado”.
Autoconsumo
En cuanto al autoconsumo, cuyo desarrollo bloqueó su propio ministerio con la creación del llamado impuesto al sol, y que ahora ha liberado el Gobierno de Pedro Sánchez en el real decreto ley de medidas urgentes para paliar la subida de los precios eléctricos, también pasará factura a las empresas, según el texto. Así, el autoconsumo eléctrico, “recientemente impulsado con una subvención invisible”, podría generar en pocos años un déficit de tarifa de 500 millones. De nuevo, el 40% sería asumido por los sectores competitivos.
El rechazo del exministro a cambiar su propia regulación sobre el autoconsumo le ha llevado incluso a romper la disciplina de voto de su grupo político. La primera, cuando se abstuvo en la votación sobre la proposición de ley que, al respecto, presentó el PP de Murcia, y fue respaldada por los populares en el Congreso.
La segunda, el jueves pasado durante la convalidación del citado real decreto ley sobre la luz, en que se ausentó del hemiciclo. En el PP se optó por la abstención a la vista de que buena parte del contenido de la norma eran medidas propuestas previamente por ellos mismos: el bono social de la tarifa, la suspensión del impuesto del 7% a la generación o la supresión del gestor de carga del vehículo eléctrico.
El exministro ha hecho llegar a las entidades un documento sobre el objetivo de su iniciativa