Incertidumbre en la red comercial—
Cuatro de los cinco grandes retiran de su web las ofertas de hipotecas Ábalos pide seguridad jurídica para clientes y entidades
La incertidumbre marca el arranque de la semana en la red comercial de los bancos españoles tras la insólita situación vivida el viernes, cuando el Tribunal Supremo puso en cuarentena una sentencia dictada la víspera por este mismo organismo referida al pago de los impuestos hipotecarios. Según el fallo del jueves, el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados corresponde al banco, modificando así el criterio anterior del alto tribunal, que cargaba este gravamen contra el cliente. El viernes el Supremo anunció que paralizaba todos los recursos presentados sobre este asunto y convocaba al pleno para sentar un criterio definitivo, “ante el impacto económico y social“de la medida.
Si la primera de las sentencias dejaba sujeto a la interpretación qué sucedía con los pagos efectuados anteriormente a cuenta del cliente, la nota del Supremo del viernes deja una incertidumbre aún más inmediata: quién paga el impuesto por los contratos que se formalicen en los próximos días, antes de que el Supremo establezca jurisprudencia al respecto.
El jueves las tres patronales del sector (AEB, CECA y Unacc) daban a entender que pagarían el impuesto a partir de ahora, al asegurar que “como siempre han hecho, los bancos, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo”. Un escenario que el propio Supremo enmendó al día siguiente, dejando en el limbo también la respuesta de los bancos.
La incertidumbre ya ha condicionado la política comercial en el sector, caracterizada hasta ahora por una renovada guerra de diferenciales. Cuatro de las cinco mayores entidades de España, Santander, BBVA, Bankia y Sabadell, han retirado de sus páginas web todas las ofertas hipotecarias. CaixaBank, por su parte, solo proporciona ofertas de hipoteca a tipo fijo, mientras las páginas web de Bankinter, Abanca o Liberbank mantienen sus ofertas hipotecarias tanto en fijo como en variable.
Según fuentes bancarias, el viernes ya se notó en las oficinas una afluencia de clientes por encima de lo normal, al acudir éstos a informarse sobre los efectos de la sentencia. El Supremo no la ha rectificado, pero sí ha dejado en el limbo su aplicación más allá del caso juzgado.
En paralelo, asociaciones de consumidores y despachos especializados han puesto en marcha su maquinaria. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha organizado para hoy asambleas simultáneas en todas las Comunidades Autónomas, dirigidas a afectados por el pago del impuesto. Algunos bufetes especializados ya se publicitan en busca de reclamaciones.
El Gobierno, por su parte, apenas se ha pronunciado al respecto. La nota del Supremo poniendo en cuarentena la sentencia del jueves llegó cuando acababa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El sábado, preguntado al respecto, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, resaltó la importancia de que “se clarifique y se dé seguridad jurídica”, tanto a consumidores como a los bancos, en lo relativo al asunto de los impuestos sobre las hipotecas.
Aunque en porcentaje el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados solo grave una pequeña parte del monto de las hipotecas, entre un 0,5% y un 2,5% del total, para un présta- mo medio este impuesto supone unos 3.000 euros, que deben pagar o bien cliente o bien entidad. En 2016, último ejercicio del que Hacienda ofrece datos, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados recaudó más de 1.800 millones de euros, que fueron a parar a las arcas autonómicas, dado que se trata de un tributo cedido a las comunidades.
El jueves la banca afirmó que cumpliría el nuevo criterio del Supremo, que el propio tribunal ha dejado en el limbo