Moratoria de los pagos hipotecarios para quien pierda el empleo
La batería de medidas de excepción aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia del coronavirus Covid-19 incluye una moratoria hipotecaria para aquellas familias que se vean más afectadas, ya sea por la pérdida del empleo o la reducción de sus ingresos.
La medida supondrá la posibilidad de que los colectivos más dañados o en condiciones de mayor vulnerabilidad puedan aparcar el pago de cuotas de préstamos para la compra de vivienda durante un tiempo a fin de que la epidemia no les impida hacer frente a la deuda con la banca y derive en la pérdida de su hogar. En concreto, la duración de la moratoria está inicialmente fijada en un mes, que es la duración establecida para el conjunto de medidas incluidas en el decreto.
Sin embargo, fuentes oficiales avanzan que será posible extender la duración de la medida si así fuera necesario. Después de todo, el Gobierno ya asume que el estado de alarma decretado el pasado sábado (que conlleva el confinamiento de los españoles en sus hogares, o el cierre del grueso de comercios y de todos los centros educativos) se alargará más allá de los 15 días inicialmente previstos. Aunque esa decisión corresponderá ya al Congreso de los Diputados, el líder de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha anticipado su visto bueno a continuar con la medida de excepción el tiempo que sea necesario para detener la pandemia.
Otros países afectados por el coronavirus, como Italia, ya habían implantado medidas semejantes como parte de los planes impulsados para proteger a la ciudadanía.
En el caso de España, el Gobierno había prorrogado ya la pasada semana el protocolo antidesahucios a fin de obligar a la banca a ofrecer a sus clientes una serie de medidas de flexibilización de los pagos (incluyendo la dación en pago) antes de decretar la ejecución del préstamo. Además, la reforma de la legislación hipotecaria que entró en vigor el pasado junio eleva las exigencias bajo las que las entidades financieras pueden iniciar un desahucio, lo que no está contemplado en ningún caso hasta alcanzar el impago de 12 cuotas.
Los beneficiarios de la media serán quienes incurran en el “supuesto de vulnerabilidad económica”, que según el borrador del decreto que circulaba en la tarde de ayer apunta a deudores hipotecarios particulares que pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis o el de empresarios y profesionales con una pérdida sustancial de ingresos, o una caída de ventas de al menos el 40%. El texto recoge también casos en los que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar, y en los que esta “haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas”, es decir, cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado, al menos, por 1,3, recoge Efe.
La reacción de la banca
Las patronales bancarias, la AEB y la CECA, apoyaron medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la crisis económica desatada por el Covid-19, incluyendo la moratoria hipotecaria. Ambas organizaciones mostraron su “disposición a facilitar la rápida ejecución” del decreto para proteger a familias y empresas. En un comunicado, la AEB aseguró que los bancos españoles “están plenamente comprometidos a ayudar a sus clientes” y a “proporcionales seguridad y confianza”, y destaca que ya han puesto a disposición de pymes y autónomos más de 60.000 millones de euros “para garantizar la continuidad de su actividad”. En el ámbito hipotecario, la patronal dijo “apoyar el aplazamiento del pago” de estos préstamos para todas aquellas personas “especialmente golpeadas por esta crisis”.