Los ciudadanos británicos pueden acabar pagando el veto a Huawei

Los consumidores británicos podrían acabar pagando la prohibición que ha impuesto el Gobierno sobre Huawei Technologies. Si el primer ministro del país, Boris Johnson, impone una prohibición total sobre el equipamiento de las redes superrápidas de 5G de la empresa china, los operadores de telefonía móvil BT y Vodafone posiblemente tengan que gastar más de 1.000 millones de euros en desinstalar y sustituir el equipamiento actual de Huawei. La factura repercutirá en los contribuyentes.

Dos cosas han cambiado desde enero, cuando Johnson dijo que

Huawei podría acabar teniendo hasta un 35% de las partes menos sensibles de las redes de telefonía móvil británicas de próxima generación. Las relaciones de Pekín con el Reino Unido se han enfriado mucho por las duras medidas que China ha impuesto a Hong Kong. Y las sanciones estadounidenses sobre el acceso de Huawei a microchips de tecnología punta ponen en duda el futuro a largo plazo de la empresa china.

Pero el hecho de prohibir que Huawei participe en las redes de 5G conlleva unos costes directos significativos. Los operadores que usan el equipamiento actual de 4G del fabricante tendrán que sustituirlo, porque el nuevo equipamiento de sus rivales Nokia y Ericsson no funcionará con las torres de telefonía móvil de Huawei. Si el Gobierno da un giro de 180 grados en su política hacia la compañía china, las empresas tendrán sólidos argumentos para exigir una compensación.

Una de las opciones sería recuperarse del golpe pagando menos por el espectro 5G en las próximas subastas, lo que reducirá los ingresos del Gobierno. Si no, Johnson podría disminuir el coste ampliando el plazo, quizás hasta 2029, cuando la mayor parte del equipamiento de Huawei ya estará obsoleto. Pero eso pondría en entredicho la idea de que el grupo chino supone una amenaza para la seguridad nacional. Lo más probable es que paguen los ciudadanos.