Perspectivas y retos del sector de construcción
La colaboración público-privada parece la única vía para canalizar al sector la enorme liquidez que hay a nivel global
Pese a la incertidumbre que está provocando la crisis del Covid-19, las perspectivas globales a largo plazo para el sector de la construcción son positivas. La crisis actual solo debería afectar de manera transitoria a las megatendencias que impulsarán en los próximos años la inversión mundial en infraestructuras: las relacionadas con la población (incremento en países emergentes, envejecimiento en países desarrollados, mayor urbanización y concentración en megaurbes); la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en materia de agua, medioambiente, sanidad y educación; la descarbonización de la economía y la adaptación a las nuevas tecnologías serán los principales vectores de crecimiento para el sector, ya que implicarán inversiones muy relevantes en infraestructuras.
Casi dos terceras partes de la inversión en infraestructuras prevista para la próxima década se centrará en los países emergentes. No obstante, también en los países más desarrollados será necesario invertir para mejorar la competitividad, afrontar la demanda creciente y sostener el desarrollo económico.
Pese a dichas perspectivas positivas, el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas puede impedir que este aumento de la inversión se produzca a corto plazo. Aunque aumentar la inversión en infraestructuras puede parecer una medida de política fiscal contracíclica recomendable en situaciones de crisis económica como la que nos encontramos, muchos países emergentes y algunas economías desarrolladas muy endeudadas carecerán del margen necesario para aumentar la inversión en este ámbito y a la vez sostener unas finanzas públicas que se verán muy afectadas por la crisis.
En el caso de nuestro país, el elevado nivel de deuda pública sobre el PIB va a requerir de mayores fondos para el pago de intereses de la deuda, el aumento del paro implicará un incremento de las prestaciones por desempleo, el envejecimiento de la población presionará al alza los pagos por pensiones y el gasto en Sanidad –que adicionalmente se verá incrementado como consecuencia de la crisis sanitaria– y será necesario un mayor gasto público para apoyar a determinados sectores empresariales especialmente afectados por la crisis. Todos estos factores harán que en los próximos años el margen presupuestario para la inversión en infraestructuras sea reducido.
En este contexto, la colaboración público-privada aparece como un instrumento muy adecuado y, probablemente, el principal instrumento disponible para canalizar hacia la inversión en infraestructuras a un coste asumible la extraordinaria liquidez que sigue existiendo a nivel global. El fomento de la colaboración público-privada como opción viable y sostenible para asegurar la inversión en infraestructuras requiere que nuestro país se dote de un marco regulatorio más claro y predecible que garantice la planificación óptima de las infraestructuras, la seguridad jurídica, un retorno razonable para la inversión privada, una adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el privado y un control y seguimiento adecuado de las inversiones. La baja rentabilidad de la actividad de construcción en todo el mundo es consecuencia de las actuales dinámicas competitivas del sector, tanto en lo que se refiere a la construcción residencial –debido a las escasas barreras de entrada para la competencia– como en la obra civil, donde el exceso de capacidad a nivel global, la feroz competencia en precios, la expansión internacional de empresas asiáticas en determinadas zonas geográficas y una inadecuada distribución de los riesgos de los proyectos están llevando a una situación de márgenes reducidos que están por debajo de la rentabilidad objetiva que debería obtenerse considerando el riesgo inherente a la actividad de construcción. Todo ello unido a una situación de elevada litigiosidad en el sector, que lleva a tener que acometer con frecuencia prolongados y costosos procesos
de reclamación contractual por vía judicial, arbitral o de mediación.
A esta situación de baja rentabilidad se une un endeudamiento que ha crecido de forma relevante en los últimos años, por lo que la crisis actual puede complicar la situación financiera de muchas empresas constructoras globales. Este contexto está llevando al sector a plantearse una reconversión de la industria mediante la aplicación de nuevas tecnologías (análisis de datos, robotización, drones, inteligencia artificial o gestión documental) y la mejora de la eficiencia en las operaciones.
Adicionalmente, el tradicional enfoque descentralizado de gestión puede verse afectado por un cambio de paradigma si se consolidan las tendencias a la industrialización de procesos y la estandarización, modularización y prefabricación de componentes derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y materiales a los procesos constructivos.
Por otra parte, la ganancia en eficiencia operacional tiene que venir de la mano de una mejora en el control de los riesgos de los procesos de licitación y asegurar una adecuada distribución de los riesgos entre cliente y constructor, aspectos clave para que los proyectos tengan una adecuada rentabilidad. Para mejorar los márgenes de las empresas del sector también es esencial ser proactivos en la gestión de los proyectos y lograr mejoras en la integración y gestión de la cadena de suministros y en la simplificación y digitalización de los procesos constructivos y de soporte.
Los actuales modelos de contratación aplicados en muchos países, entre ellos el nuestro, suelen tener incentivos perversos al primar desproporcionadamente el criterio económico, fomentando las bajas en la adjudicación y el consiguiente proceso posterior de reclamaciones que acaban incrementando el coste y elevando la litigiosidad. Estos procesos acaban afectando no solo a la rentabilidad de las empresas, sino también a la ejecución de las inversiones en los plazos y costes contratados por la Administración, por lo que algunas jurisdicciones están implantando modelos de contratación que reducen los niveles de riesgos de los contratistas (contratos tipo alliance, cost plus o pain/gain), regulando de forma más rigurosa las obligaciones de Administración y contratista, limitando las ofertas especialmente agresivas en precio y aumentando la seguridad jurídica en temas como las eventuales modificaciones, los supuestos de penalización o la resolución acelerada de conflictos contractuales mediante arbitraje o mediación.
Por tanto, esperamos que a largo plazo el mercado global de la construcción crezca por encima del conjunto de la economía y que las empresas del sector apuesten por la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia operacional, lo cual, unido a la mejora en los procesos de contratación y licitación, debería permitir que las empresas del sector alcancen niveles de rentabilidad adecuados y sostenibles a largo plazo.
España debe dotarse de un marco regulatorio más claro y predecible que garantice una planificación óptima de las infraestructuras