Los empresarios arremeten contra el anteproyecto de ley de teletrabajo
/ Rechazo. CEOE considera el texto del Gobierno “desequilibrado, errático y apartado de la realidad”
Las patronales de empresarios y los sindicatos se reunieron ayer con el Ministerio de Trabajo por primera vez para empezar a negociar la regulación del teletrabajo, en base al anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que prepara el Ejecutivo y que fue sometido recientemente a consulta pública. Tras el encuentro, CEOE y Cepyme remitieron un duro comunicado calificando el texto como “desequilibrado”, de enfoque “errático” y “apartado de la realidad” del tejido productivo español y de las necesidades de empresas y trabajadores.
De esta forma, las patronales criticaron que este primer texto se elaborase al margen del diálogo social, señalando que el documento “lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo, podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación”. Por ello, CEOE y Cepyme aseguraron que es un enfoque que “no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo” e instaron a Trabajo a que “rectifique” y “retorne a la senda de la mesa de diálogo social”. Argumentaron que no se ha abierto el necesario debate sobre la regulación de la que está llamada a ser “una forma de organización del trabajo creciente”.
El encuentro que tuvo lugar ayer concluyó con el compromiso de los agentes sociales de presentar por escrito en los próximos días sus alegaciones al anteproyecto de ley, según confirmó Europa Press. Así, las aportaciones que realicen sindicatos y empresarios se integrarán en un nuevo documento que se discutirá durante una nueva reunión.
Las claves de la norma
El texto del Ejecutivo se articula sobre diferentes ejes del teletrabajo como su carácter voluntario, la libre elección del horario, la compensación por parte de la empresa al trabajador de los gastos directos e indirectos y el derecho a la desconexión digital. Además, recoge un amplio abanico de medidas y propuestas, en las que también se ahonda sobre otras problemáticas y peligros del trabajo a distancia, como son los riesgos laborales, el derecho a la intimidad, posibles detrimentos sobre la promoción interna y la progresión salarial o el fortalecimiento de los roles de género y de los cuidados.
Tensión continua
Todo ello no convenció a las patronales que subrayaron la prioridad de contar con un marco adecuado para “aumentar la productividad de las empresas, mejorando al mismo tiempo la situación de los trabajadores, la conciliación familiar, y la capacidad de adaptación a las demandas de la nueva economía”, tal como se recoge en el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo alcanzado la pasada semana por el Gobierno y los agentes sociales.
Este último es un ejemplo de que ambas partes han conseguido llegar a pactos en los últimos meses sobre materias relativas a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, pero no siempre con facilidad. De hecho, la crítica de ayer por parte de la CEOE al anteproyecto del teletrabajo es uno de los muchos encontronazos que la gran patronal de empresarios ha mantenido con el Ejecutivo durante la crisis.
La tensión estaba en el aire después de una larga negociación por la extensión de los ERTE de fuerza mayor hasta septiembre, que culminó en acuerdo, así como de la suspensión del diálogo social después de que el PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo con EH Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral.
CC OO y UGT piden diálogo
Por su parte, CC OO y UGT vieron con buenos ojos el texto del Gobierno del teletrabajo, pero coincidieron con los empresarios en que se tienen que realizar mejoras dentro del diálogo social. Ambas organizaciones pidieron al Ejecutivo negociar, criticando no haberlo hecho antes de que el documento se sometiese a consulta pública. Reclamaron que se contemple el teletrabajo como un derecho en una ley que “sirva de paraguas a la negociación colectiva”. UGT resaltó que se debe impedir que se convierta en una nueva forma de explotación laboral.
Los agentes sociales denuncian que el documento no se elaborara en el diálogo social