El sector del juego espera que Bruselas impida a Garzón aprobar su decreto
Se queja de que se favorece a Loterías y la ONCE
La última versión del borrador de real decreto que regulará la publicidad del juego online, publicada ayer por este periódico, ha caído como una torpedo en la línea de flotación de las empresas del sector. Estas denuncian el cambio de criterio del Ministerio de Consumo después de que la primera propuesta de borrador, presentado por Alberto Garzón en febrero, incluyera elementos que han desaparecido en la última versión y que el Gobierno envió ayer a Bruselas.
La restricción de la publicidad del juego online a una franja de 1 a 5 de la madrugada es interpretada por el sector como una prohibición de facto. Pero no es el elemento que más ha soliviantado a las empresas. Este es la diferenciación que contempla para Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y para la ONCE, pese a que en su introducción dice que ambos entes están incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, eso sí, considerando sus “especificidades” y su “singularidad”.
Dos disposiciones adicionales permiten a Selae y a la ONCE emitir publicidad en cualquier franja, siempre que no haya referencia a productos de juego, y les permite llevar a cabo promociones y patrocinios, también deportivos. Selae, por ejemplo, es uno de los principales sponsors de la federación de atletismo o de la de balonmano, además del Plan ADO que beca a deportistas olímpicos. El real decreto de Consumo sí prohíbe a los operadores de juego online anunciarse en camisetas o aparecer en elementos estáticos de estadios o pabellones.
Para la patronal Jdigital, que aglutina a los operadores de juego online, esta distinción “atenta de forma directa contra la libertad de empresa”, y habla de un “acoso al juego privado” que “responde a cuestiones ideológicas y no a objetivos creíbles de protección del consumidor”.
Esta asociación recordó que la propia Comisión Europea recomendó en 2019 impulsar leyes que den el mismo trato a juego estatal y privado. “Esperamos que se pronuncie al respecto del socavamiento de la competencia que supone el proyecto de real decreto”, dijeron desde Jdigital. El texto fue enviado ayer por el Gobierno a Bruselas al contemplar aspectos que afectan a plataformas de internet.
La vía re la reclamación europea es algo con lo que la principal patronal del sector, Cejuego, ha insistido desde el inicio del proyecto normativo. Su presidente, Alejandro Landaluce, no descarta reclamar ante las autoridades de la competencia a nivel comunitario o a la propia CNMC, aunque la asociación esperará a la versión definitiva.
En declaraciones a este periódico, Landaluce recuerda que el sector quería una regulación para la publicidad del juego online, pero “hemos pasado de no tener norma a una prohibición de facto”.
El presidente de Cejuego reclama a Consumo que justifique con datos lo que considera un cambio de criterio respecto al borrador inicial. En él, se argumentaba que lo más “eficiente” para proteger la salud pública era “explorar mecanismos basados no en la prohibición absoluta de la publicidad del juego de los operadores con licencia para ofrecer juegos en España, sino en una regulación exigente de sus condiciones de ejercicio”. Por ello el propio Garzón puso en febrero el ejemplo italiano, donde sí se hizo una prohibición total que tuvo que ser revertida al difuminarse la percepción entre el juego legal y el ilegal. Algo que el sector en España cree que pasará aunque, normativamente, no sea una prohibición total. El primer borrador también explicaba que la tasa de ludopatía en España se mantenía “estable” en un 0,3%, referencia que no aparece en la última versión, que si habla de una “creciente sensibilidad social” ante el incremento de los anuncios de juego. “Exigimos que lo justifiquen con datos, y estos dicen que el juego no ha crecido en España”, subraya Landaluce.
Negocio de 200 millones
Según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, la publicidad y los patrocinios generados por operadores de juego online alcanzaron los 200 millones de euros, de los que 180 eran publicidad y 20 patrocinios. Solo en la Primera División española 14 equipos tienen algún acuerdo con una casa de apuestas, y siete llevan su nombre en la camiseta, algo que el nuevo decreto prohíbe expresamente. Además, LaLiga tiene entre sus patrocinadores principales a Sportium, filial de Cirsa. Todos escrutan ahora mismo los detalles del borrador del real decreto y aguardan la decisión final.
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