Los desafíos de la economía de pagos en metálico
El software para el fraude en las transacciones en metálico es cada vez más sofisticado y también deben serlo las soluciones
Hace apenas unos días, inspectores de la Agencia Tributaria desmantelaban una red fraudulenta que venía operando desde hace algún tiempo en la venta al por mayor con pagos en efectivo. Los indicios y pruebas recopiladas mostraban los desajustes que existían entre el volumen de ventas declarado por los comerciantes y el que reflejaba su actividad real.
Los defraudadores contaban para ello con lo que se conoce como zappers y phatomwares, aplicaciones software que se encargaban de modificar de forma diaria los resultados de caja, haciendo desaparecer, o minorando, el importe de algunas transacciones. Así evadían impuestos tanto en IVA como en los resultados empresariales a final de año, al reducir su volumen de ventas.
Los zappers son pequeños dispositivos que se conectan de forma externa, a través de un puerto USB, al libro de registros e introducen las modificaciones decididas por el usuario sin alterar la caja registradora. Los phantomwares, por su parte, son aplicaciones que se instalan en la caja y actúan desde el propio equipo. Sea cual sea la forma de hacerlo, el resultado siempre es el mismo: los cierres diarios no reflejan la realidad de las ventas realizadas. Incluso, existen algunas aplicaciones avanzadas que además se encargan de mantener la consistencia respecto a otros sistemas como los inventarios de almacén o las necesidades nuevos suministros del negocio.
El fraude en la emisión de facturas en el mercado minorista es un hecho conocido y estudiado por numerosos Gobiernos a nivel mundial. A finales del siglo pasado, un empleado de una pequeña compañía, llamado Stéphane Mercier, fue acusado de crear un software que sirvió de punto de partida para el fraude en las declaraciones de impuestos de numerosos comercios en Canadá. Desde entonces, la lucha no ha dejado de intensificarse.
Uno de los éxitos más emblemáticos de esta lucha coincidió con la detención, en 2016, de un hombre que fue encontrado culpable de vender licencias de un producto desarrollado para dicho fin y que fue condenado a 18 meses de prisión y tres años de libertad vigilada después de generar pérdidas a la Administración norteamericana por valor de 3,4 millones de dólares. Pese a todo, tras más de dos décadas de uso ilegal, este tipo de soluciones no ha hecho más que propagarse, generando cuantiosos daños a las Administraciones tributarias. El pasado año, 2017, según algunas estimaciones, se llegaron a alcanzar los 21.000 millones de dólares solo en Estados Unidos.
La economía basada en pagos en metálico se enfrenta a numerosas amenazas tecnológicas que, por el momento, los Gobiernos no han sido capaces de atajar. Un reciente informe elaborado por la OCDE muestra algunas de las soluciones que 21 países en el mundo están adoptando. Entre ellas se encuentran el uso de las facturas electrónicas en transacciones entre empresas o el despliegue de dispositivos electrónicos protegidos para el control de los reportes de ventas a través de su integración con las cajas registradoras. Estos dispositivos, conocidos por las siglas SRM/MEV, permiten trazar de forma segura todas las transacciones realizadas a través de los puestos de pago (POS) y, en su caso, transferirlas periódicamente a la autoridad tributaria.
Canadá se encuentra a la cabeza en el uso de este tipo de soluciones. También en Eslovenia el uso de estas soluciones se está convirtiendo en la pauta a seguir. Hoy en día, existen propuestas bastante asequibles. Además, tal y como definen algunas partes interesadas, este tipo de propuestas permiten mejorar y reducir los tiempos dedicados por la Administración a realizar auditorías en cuentas de ingresos y gastos presentadas por los comercios. Según el informe de la OCDE referido anteriormente, la implantación de estos dispositivos de control, por ejemplo, ha significado un aumento de la recaudación en IVA del 15% en países como Hungría.
De cualquier forma, en España aún estamos lejos de obligar a los comerciantes a instalar uno de estos elementos hardware. Por el momento, las decisiones adoptadas son principalmente de carácter sancionador. Se han limitado a imponer restricciones al importe de las transacciones realizadas en metálico entre empresas y autónomos. Ahora estas no deben superar los 1.000 euros (desde los 2.500 euros que figuraban hasta hace unos días). Esta tendencia en la reducción en el uso de las transacciones en metálico, sin embargo, nos permite plantear una última pregunta que posiblemente requeriría otro debate diferente: ¿deberían eliminarse definitivamente los pagos en efectivo? Respuestas hay tantas como ciudadanos.