Pulso europeo por el control de las ayudas frente a la crisis
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A pocos días de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnan en una cumbre presencial para intentar alcanzar un acuerdo sobre el plan de recuperación económico tras la crisis del coronavirus, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó este viernes una propuesta con el objetivo de facilitar las negociaciones entre los Estados miembros. El nuevo planteamiento sugiere recortar ligeramente el Presupuesto de la Unión Europea para el periodo 20212027, hasta 1,074 billones de euros (desde los 1,1 billones inicialmente propuestos), así como modificar los criterios de reparto y elevar el control del fondo de recuperación, cuyo tamaño se mantiene, para lograr el apoyo de los países austeros.
Aunque la reducción del tamaño del presupuesto plurianual, y por tanto de las aportaciones requeridas a los socios comunitarios, es relativamente simbólica ya que supone una rebaja del 2,36% frente al monto anteriormente planteado, la principal baza de Michel para tratar de convencer a los estados más descreídos con el plan de respuesta al Covid-19 es la mayor fiscalización del uso de las ayudas del fondo de recuperación europeo.
El plan comunitario, que sigue contemplando la inyección de 500.000 millones en ayudas directas, y de 250.000 más en créditos, para apoyar la reactivación económica y la reconstrucción de los países más afectados por la pandemia, ya condicionaba el acceso a los fondos a que los socios diesen su visto bueno al plan de reformas e inversiones para 2021-2023 que presente cada país para acceder al dinero.
La novedad es que ahora Michel propone que los planes de acceso al fondo deban ser aprobados por una mayoría cualificada en el seno del Consejo Europeo, desplazando el peso decisorio que antes tenía la Comisión y dando en cierta forma más poder a los países austeros para controlar la concesión de financiación a quien la reclame. Las capitales más ortodoxas prefieren, sin embargo, el consenso, que en la práctica les da capacidad de veto.
Reparto de la financiación
El grueso del fondo, articulado en torno al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dotado con 310.000 millones de euros, se repartiría en dos tramos. De un lado, el 70% (217.000 millones) se distribuiría entre 2020 y 2021 en función de los datos de desempleo, evolución económica y población. El 30% restante (93.000 millones) se concedería en 2023 tomando como referencia los datos de caída del PIB en 2020 y 2021, o la población de cada país. El objetivo es que haya un “vínculo real entre la crisis y el plan de recuperación y asegurar que el dinero va a las regiones y sectores más afectados”, señaló Michel, por lo que en 2022 se hará una revisión de los planes para tener en cuenta el cambio en los criterios de distribución para 2023.
Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo también plantea adelantar a 2026 la devolución del principal y los intereses de la deuda emitida para financiar el fondo (la Comisión planteaba empezar en 2028), lo que le lleva a proponer nuevos recursos propios para el presupuesto europeo con el fin de sufragar estos costes. En concreto, propone introducir ya en 2021 un gravamen sobre el plástico no reciclado y en 2023 un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, así como una tasa digital europea.
Por último, Michel también planteó crear un fondo de contingencia de 5.000 millones para atajar los imprevistos derivados del Brexit en los sectores y países europeos más afectados.
Desencallar la negociación
Aunque el acuerdo sigue siendo difícil, esta propuesta podría facilitar que los líderes de los Estados miembros lleguen a un consenso en la cumbre del 17 y 18 de julio, ya que el plan inicial contaba con varios puntos “inaceptables” para varias capitales.
Por el momento, a un lado está el bloque de España, Italia, Portugal, Francia y Alemania, que apoyan el plan presentado por la Comisión, y al otro, los países más austeros, conocidos como los cuatro frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia). A estos no les convence ni la cuantía del fondo o la clave de su reparto, ni la condicionalidad aparejada al acceso al dinero, entre otros factores.
El acceso al plan deberá tener el aval por mayoría cualificada del Consejo Europeo
El 70% del presupuesto se repartiría entre 2020 y 2021 y el resto, en 2023