Utilizar todas las oportunidades de la legislación para evitar las quiebras

La virulencia de la crisis económica que han desencadenado las medidas de contención de la pandemia de Covid-19 está golpeando con dureza al tejido empresarial español, mayoritariamente integrado por pequeñas y medianas empresas. La caída de las ventas, la disminución de la rentabilidad y los crecientes balances negativos han provocado dificultades de liquidez que en muchos casos se han transformado en problemas de solvencia. Desde la patronal se advertía recientemente de que el índice de insolvencia puede dispararse este año hasta el 40%, como consecuencia de la larga hibernación de actividad que han provocado las medidas de restricción y los sucesivos recortes de la movilidad. Los datos apuntan a que cerca de un 20% de las empresas afrontan ya esta problemática y, dadas las perspectivas para los próximos meses, el porcentaje aumentará. Los datos sobre los concursos tampoco son alentadores. Una vez que expire la moratoria decretada por el Gobierno en este ámbito, todo apunta a que se producirá una eclosión de concursos, muchos de los cuales terminarán en liquidación.

La legislación de quiebras e insolvencias española prevé desde hace tiempo la figura del preconcurso de acreedores, un mecanismo cuyo objetivo es precisamente poner la venda ante la herida inminente y evitar llegar a la declaración del concurso y sus frecuentes malas consecuencias. La regulación actual del preconcurso está contenida en la Ley Concursal, que deberá afrontar una reforma en los próximos meses para incorporar la directiva europea sobre reestructuraciones e insolvencias, la cual mejorará y agilizará toda la regulación, incluida la fase del preconcurso. Esa trasposición es una buena ocasión para flexibilizar y agilizar al máximo este procedimiento, así como para concienciar a las empresas que estén en situación de insolvencia actual o inminente para que utilicen todos los recursos que la ley otorga al empresario con el fin de tratar de salvar el negocio y no llegar a la quiebra.

Las ventajas de la figura del preconcurso constituyen razón de peso para acudir a este mecanismo. Se trata de un procedimiento más barato y más simple que el concurso, que permite al empresario paralizar las ejecuciones durante un periodo de tres meses y, en caso de que finalmente sea necesario, aplazar el concurso hasta seis meses. Pese a ello, tradicionalmente la cultura española, también en el ámbito de la empresa y los negocios, suele aplazar los problemas hasta última hora cuando a menudo apenas queda margen para resolverlos. En ese sentido, la prevención de las quiebras e insolvencias no solo exige una mayor flexibilidad en la regulación, sino también, y sobre todo, un cambio de mentalidad.