Fiscalidad. El transporte, eje de los impuestos ambientales
Combustibles o uso del vehículo serán objeto de actuación fiscal La recaudación por estos tributos en España solo es el 1,8% del PIB
La fiscalidad ambiental, formada por el grupo de impuestos sobre la energía, el transporte, la contaminación y el uso de los recursos, está en el foco de las autoridades de los países desarrollados. Es un campo que, en general, tiene mucho recorrido. Y más aún en España, donde la recaudación por este tipo de impuestos alcanzó en 2019 el 1,8% del PIB, frente al 2,6% de la media de los países de la eurozona y al 2,4% de la media de los 27, según Eurostat. La cantidad obtenida en nuestro país hasta noviembre de 2019 fue de 22.050 millones de euros, de acuerdo con la cuenta de impuestos ambientales publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los últimos años se han tomado en España importantes medidas para alcanzar los objetivos marcados por la ONU. Dos ejemplos son las recientes leyes sobre Cambio Climático y Transición Energética y la de Residuos y Suelos Contaminados. En las mismas, sin embargo, el aspecto fiscal no aparece o es mínimo, si bien es cierto que en la segunda se crean dos nuevas figuras impositivas, como son el impuesto que grava los envases de plástico de un solo uso y el impuesto sobre el vertido y la incineración. “La fiscalidad es siempre útil para incentivar o desincentivar conductas. Es un instrumento sencillo y, además, aporta recaudación”, señala Carlos Victoria, economista investigador de EsadeEcPol. “Pero en esta área hay un margen muy grande y a pesar de las recomendaciones del Banco de España, en el sentido de potenciar una reforma impositiva medioambiental, estamos lejos en términos de recaudación en comparación con otros países”, añade Victoria.
Comité de expertos
Una reforma impositiva general es lo que está sobre la mesa. En febrero de 2022 un comité de expertos tendrá que presentar al Ministerio de Hacienda sus propuestas para la transformación del sistema fiscal español. En dicho comité se encuentra Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y especialista en economía ambiental, para quien el transporte es uno de los campos en donde el recorrido de la tributación medioambiental es mayor.
Este experto siempre ha defendido, y así lo ha manifestado en varias ocasiones, que este sector presenta menos dificultades y menos resistencia que otros a la imposición tributaria. Labandeira también es partidario, como ha dejado constancia en varias intervenciones, de gravar el uso de los vehículos en sustitución de la tributación sobre propiedad, combustibles y matriculación. Igualmente, aboga por equiparar la tributación del diésel a la de la gasolina, proyecto que el Gobierno tenía ya preparado pero que retiró en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 a propuesta del PNV. En Bruselas ya han tomado medidas y en el paquete verde legislativo presentado recientemente por la Comisión Europea se eleva el gravamen del diésel un 46%.
El futuro de la imposición medioambiental en España transita por las líneas apuntadas ya hace años por Labandeira. En el Plan España 2050, que recoge los objetivos socioeconómicos para los próximos 30 años, el transporte será el sector donde se va a centrar la futura fiscalidad ambiental.
Como primer objetivo en esta materia, el plan pretende alcanzar la media actual europea de recaudación antes de 2030. Diez años después, en 2040, el porcentaje sobre PIB de esta recaudación sería del 4% y en 2050, del 5%. Para llegar a estos fines se ajustará la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, lo que implica un gravamen sobre el uso medido real teniendo en cuenta las características del automóvil, tales como peso, potencia y emisiones contaminantes. Se propone, asimismo, crear una tasa para los viajeros que utilizan con frecuencia el avión y un impuesto sobre los billetes según la cercanía al destino.
La escasa recaudación en esta clase de tributación no significa que haya poca diversidad. La mayor parte de estos gravámenes son tributos propios de las comunidades autónomas, que tienen la competencia en este asunto. “Cada una legisla con su propio criterio y sobre el mismo hecho imponible hay muchas deducciones distintas”, afirma el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández.
Estos hechos imponibles son la utilización del agua, las emisiones de gases, los residuos y el uso de los recursos naturales. “Hay que armonizar, no cabe duda”, sostiene el presidente del REAF.
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