Una jueza paraliza el pago de 34 millones del rescate a Plus Ultra
La aerolínea dice que responderá en el plazo dado de cinco días El Gobierno arguye que ha sido “prudente y responsable”
Nueva vuelta de tuerca en el polémico rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que desde abril investiga la concesión de la ayuda por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por supuesta malversación, decidió ayer bloquear la entrega de un segundo tramo del rescate, de 34 millones. Pide a la compañía que justifique en un plazo de cinco días la necesidad de recibir el dinero para sobrevivir.—
Nueva vuelta de tuerca en el polémico rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que desde abril investiga la concesión de la ayuda por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por supuesta malversación, decidió ayer bloquear la entrega de un segundo tramo del rescate, que se eleva a 34 millones, hasta que la compañía no justifique la necesidad de recibir dicha cantidad para su supervivencia, algo que deberá hacer en un plazo de cinco días.
Precisamente, la existencia de una investigación penal es un argumento que utiliza la jueza Esperanza Collazos para que Plus Ultra “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”, según el auto. En él explica que “una entrega no justificada” de los fondos supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
Del mismo modo, advierte al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que gestiona la SEPI y desde el que salió la ayuda, para que no acometa el pago.
La decisión llega como respuesta a un escrito presentado por el PP, que junto a Vox está personado en la causa judicial. Sin embargo, también la propia SEPI puso en conocimiento del juzgado, el pasado 14 de julio, su intención de abonar esos 34 millones de euros, a través de un préstamo participativo, para completar el rescate a Plus Ultra. Los otros 19 ya fueron desembolsados como un crédito ordinario.
De cara a ese nuevo pago, el fondo que gestiona la SEPI solicitó informes a Deloitte y a la Abogacía del Estado, que dieron visto bueno al desembolso. Esta última llegó a advertir de que, en caso de no acometerlo, se violentaría la obligación contractual contraída con Plus Ultra, informó Europa Press.
Por su parte, la empresa comunicó ayer que “acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el juzgado” la necesidad de recibir esos fundos, que considera imprescindibles “para dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI, tras el grave impacto sufrido por la pandemia Covid-19”.
La aerolínea recordó además que hasta tres informes independientes han apoyado la concesión de la ayuda. Estos fueron elaborados por Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) “tras un exhaustivo proceso de verificación y análisis de la solicitud”.
La otra parte de la ecuación es la del Gobierno. Los partidos de la oposición valoraron la decisión judicial como un “varapalo” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se limitó a explicar que “la gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, y esos principios son, por supuesto, los que han guiado la gestión económica de nuestro Gobierno, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos”, tal y como recogió Efe. Calviño también apuntó que “la jueza lo que ha hecho ha sido dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago”.
Por último, Plus Ultra garantizó la “normalidad y estabilidad” de sus operaciones.