El nuevo órgano antiblanqueo de la UE nace con algún diente
La Comisión Europea quiere evitar que se repitan los desastres de blanqueo de dinero al estilo del Danske Bank. Ya es hora: hace tres años que el banco danés admitió que unos 200.000 millones de euros de transacciones sospechosas habían pasado prácticamente sin control por su filial estonia. A pesar de algunos posibles escollos, la nueva entidad parece menos desdentada que lo que hay ahora.
El paquete de proyectos de ley presentado el martes aborda un problema real. Se blanquean hasta 2 billones de dólares al año en todo el mundo, según estimaciones de Naciones Unidas. Los escándalos que sacudieron Escandinavia y el Báltico desde 2018, desenterrados principalmente por investigaciones estadounidenses, pusieron de manifiesto la insuficiencia de la supervisión nacional en ciertos rincones de la Unión Europea.
La agencia única de lucha contra el blanqueo de capitales, conocida como AMLA, debería de sustituir a la anodina y a menudo ineficaz coordinación de los organismos nacionales de vigilancia de la delincuencia financiera por parte de actores con escasos recursos como la Autoridad Bancaria Europea. Los agentes financieros pagarán el 75% de sus costes fijos mediante una tasa.
El nuevo regulador único tendrá unas competencias claras que recuerdan a las del poderoso Banco Central Europeo. Podrá supervisar e inspeccionar directamente una lista de entidades financieras aún por definir que plantean riesgos por la naturaleza de su estructura empresarial o sus actividades transfronterizas. También tendrá la capacidad de imponer multas de hasta el 10% de la facturación anual de un objetivo: unos 700 millones de dólares para un prestamista como Danske, pero varios miles de millones para grandes actores como Banco Santander o BNP Paribas.
El plan no es perfecto. La agencia no estará plenamente operativa hasta 2026, lo que da tiempo a los delincuentes a encontrar soluciones. Al crear una distinción entre los actores supervisados por la UE y el resto, también podría crear un arbitraje regulatorio y empujar a los terroristas y delincuentes a operar a través de las entidades vigiladas menos estrictamente. El paquete necesita la bendición de los Estados miembros de la UE, por lo que podría diluirse durante las negociaciones políticas.
Aun así, es una mejora respecto al statu quo. Si la agencia obtuviera la flexibilidad necesaria para ampliar la lista de entidades que supervisará en caso necesario, sería aún mejor. Los Estados miembros, por ejemplo, deberían pensar en ampliar la red de la agencia más allá de los servicios financieros para incluir ámbitos como el inmobiliario o el del juego. De cualquier modo, la AMLA tiene al menos la posibilidad de tener un efecto razonable.
Tiene defectos, como que no operará hasta 2026, y podría diluirse en las negociaciones, pero es mejor que el ‘statu quo’