Madrid y la patronal presionan para que Calviño flexibilice el acceso a las ayudas directas
Cepyme alerta de que gran parte del dinero no se ha asignado aún Lasquetty pide cambiar la ley para que el dinero cubra pérdidas contables
“Es fundamental que las ayudas del Gobierno sean ya palpables (...), es necesario que lleguen con toda la celeridad posible”, pidió ayer Antonio Garamendi, presidente de CEOE, durante la asamblea general de Cepyme, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Estas palabras del líder de los empresarios llegan en medio del pulso entre las comunidades autónomas y el Gobierno, por las ayudas directas que este último aprobó en marzo para apoyar a las empresas golpeadas por la pandemia.
Se trata de 7.000 millones de euros, de los cuales buena parte se está quedando sin asignar, según alertó ayer el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en una entrevista a Servimedia. “Es clarísimo que el procedimiento no está bien establecido, no está funcionando”, aseguró el directivo, quien solicitó al Ejecutivo que se amplíen los plazos y se cambien los requisitos para acceder a estos fondos. El presidente de Cepyme explicó que la ayuda, tal y como está regulada actualmente, “solo puede llegar a aquel que ha incumplido el pago de una factura”, dejando fuera del plan a las pymes que han tirado de sus ahorros para no caer en impagos. “No tiene sentido”, indicó Cuerva, quien consideró que se tendrían que tener en cuenta parámetros como la facturación.
Según una información de El País, el Ejecutivo ha decidido abrir la mano para flexibilizar la asignación de fondos y permitir que estos sirvan para compensar pérdidas contables, y no solo para hacer frente al pago de deudas, como las comunidades autónomas tenían entendido hasta ahora. Sin embargo, ayer la Comunidad de Madrid mandó una carta al ministerio de Economía asegurando desconocer este cambio e instando a modificar la ley para hacerlo oficial. “Creo que cualquier nueva normativa o interpretación de la actual que realice el ministerio, de una convocatoria de ayudas tan vital para nuestra economía, autónomos y empresas, debe realizarse de forma pública y con todo el rigor que exige el principio constitucional de seguridad jurídica”, indicó la misiva firmada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.
“Por ello, le solicito que clarifique de forma oficial, qué conceptos son susceptibles de ser financiados con cargo a estas ayudas (...). Si usted entiende que los conceptos a financiar deben extenderse más allá de lo previsto en dicho texto legal, debería aprobar la correspondiente normativa para que los interventores autonómicos, sujetos a la estricta legalidad, puedan fiscalizar favorablemente dichas ayudas”, prosiguió el consejero madrileño.
Además, ayer en la Conferencia Sectorial de Clima de Negocios y Mejora Regulatoria presidida por Nadia Calviño, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid (ambas presididas por el PP) mostraron su malestar ante la vicepresidenta primera y ministra de Economía por cómo se están otorgando estas ayudas, según fuentes conocedoras de la cita.
A principios de julio, UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, había denunciado que solo se habían asignado el 40% de los 7.000 millones del plan de ayudas, tildando a este de “auténtico fiasco”.