Los sindicatos critican la oferta pública de empleo del Gobierno, de 20.697 plazas
CSIF y UGT creen que la cifra es insuficiente Piden seguridad jurídica ante los cambios en el decreto para frenar la temporalidad
El Gobierno planteó ayer a los sindicatos mayoritarios, un día después del revuelo ocasionado por la aprobación del polémico decreto para reducir la temporalidad en el sector público, una oferta de empleo público (OPE) de 20.697 plazas para la Administración General del Estado (AGE) este año. La cifra ha sido criticada tanto por CSIF como UGT, que la consideran insuficiente, según manifestaron las dos organizaciones en sendos comunicados. La propuesta contempla 11.715 plazas de acceso libre y otras 8.982 de promoción interna.
Según indicó UGT, esta oferta no garantiza una atención adecuada en organismos “esenciales” como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no “permite corregir las carencias estructurales en recursos humanos que arrastra la función pública”.
Desde CSIF, por su parte, también rechazaron la oferta de empleo público porque es “insuficiente” para hacer frente a los graves problemas estructurales que se sufren. “Estas cifras no son suficientes para reducir la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años que se sitúa en torno al 22%, ni para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir”, señalaron. “Desde la fecha actual, hasta 2030, se estima que el 56,3% de la plantilla se jubilará”, añadieron.
Además, UGT señaló que ya se han recortado más de 40.000 puestos de trabajo en la última década, lo que supone un 22% del total de recursos humanos de la Administración General del Estado.
UGT también pidió que se cumplan las orientaciones marcadas por el anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y se de más celeridad a las convocatorias de oferta de empleo público, como por ejemplo la de 2018 de personal laboral, aún sin convocar, así como una mayor simplicidad y agilidad en los procesos selectivos.
En paralelo, oposición y sindicatos criticaron la inseguridad jurídica que suponen los cambios de última hora ofrecidos por el Gobierno para aprobar in extremis del decreto que reduce la temporalidad en la Administración pública. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, alertó de la “enorme inseguridad jurídica” generada en todo el proceso y recriminó que el decreto se ha convalidado “con el objetivo de volver a hacer un nuevo texto”, en referencia al acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley e incluir que los interinos públicos que lleven 10 años en una plaza no concursada se hagan fijos sin opositar.
Los sindicatos advirtieron ayer de la complejidad de los cambios anunciados, que incluyen que las pruebas no sean elminatorias, y pidieron que la normativa se tramite garantizando la seguridad jurídica necesaria para evitar a los tribunales.
La ofertaría consta de 11.800 plazas de acceso libre y de 9.000 de promoción interna