Confebus solicita una subida de tarifas en el autobús en respuesta al precio del gasóleo
El combustible se encarece un 40% desde mayo de 2020 La mejora demandada es de un mínimo del 6%
La escalada en el precio del combustible, segundo componente entre los costes de las operadoras de autobús, ha motivado la petición de una revisión tarifaria por parte de la patronal Confebus.
La subida demandada a la Administración, de un mínimo del 6%, sería extraordinaria como respuesta a un nivel en el gasóleo que no se veía desde el año 2013. La asociación también pidió el mes pasado que el sector quede exento de la nueva fiscalidad que se avecina para el diésel y que sea eximido del pago por circular en las autovías, cuya implantación se prevé para 2024.
Desde el inicio del presente ejercicio, el litro de gasoil se ha encarecido un 26%, hasta 1,385 euros, cerca ya del máximo histórico de 1,40 euros. El meteórico ascenso es del 40% desde mayo de 2020, cuando el litro estaba aún un céntimo por debajo del euro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
El colectivo de empresas que preside Rafael Barbadillo sostiene que la carga por el combustible va a lastrar la recuperación de un sector duramente azotado por la crisis sanitaria, durante la que ha disparado el endeudamiento para soportar los costes fijos. La buscada revisión tarifaria, que pasa por el reequilibrio de las concesiones de rutas tanto del Ministerio de Transportes como de las otorgadas por comunidades autónomas, ayudaría a absorber el impacto en las cuentas de resultados.
Confebus añade que los centenares de empresas que prestan servicios privados en todo el país también se ven obligadas a repercutir el incremento de costes en el precio del billete.
Mecanismo corrector
Los contratos de estas compañías con la Administración incluyen una fórmula de revisión tarifaria para servicios regulares sobre la que el sector urge una reforma. Se trataría de introducir un factor de corrección que actúe cuando se den variaciones significativas en cualquiera de las partidas que forman la estructura de costes. En el caso del combustible, Confebus solicita al Gobierno central y a los autonómicos que cualquier subida o bajada del 10% o superior respecto al IPC debería conducir a una revisión automática.
La patronal reiteró el viernes el papel del transporte en autobús en la conectividad y el cuidado del medio ambiente. Estos vehículos son responsables del 0,42% de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en España, defiende la asociación. En cuanto a emisiones unitarias, arrojan 68 gramos de dióxido de carbono por pasajero y kilómetro recorrido, lo que sitúa a este medio de transporte en segundo lugar, detrás del tren, en sostenibilidad ambiental.
Antes de la pandemia, el autobús transportó a 3.100 millones de viajeros en 2019. Estos servicios están presentes en 8.000 localidades de todo tamaño y aglutinan una plantilla cercana a los 100.000 trabajadores.
Respecto a la futura tarificación de las autovías, el Consejo Europeo viene de reforzar la directiva Euroviñeta este mismo mes, vinculando tarifas al grado de emisiones de CO2. Pero los Estados miembros siguen teniendo libertad para aplicar, o no, los peajes. Incluso pueden dejar exentas a clases específicas de vehículos en detrimento de otros. En este escenario, el autobús ve margen para pelear por quedar liberado.
También hay espacio para negociar sobre una futura tarificación por costes externos por contaminación si se demuestra que su aplicación puede causar una desviación del tráfico con consecuencias negativas. En todo caso, la directiva prevé exenciones a las normas de tarificación, por ejemplo, en contratos de concesión ya en firme.
En cuanto a las tasas opcionales por congestión, los ingresos generados deben destinarse a solucionar problemas de tráfico o para desarrollar un transporte y una movilidad sostenibles.