Ortodoxia fiscal y flexibilidad de los mercados frente a los riesgos de parón
Bruselas recordó ayer a España el viejo axioma de que más vale prevenir que lamentar, al pedir agilidad y flexibilidad al Gobierno para poder adaptar las medidas de apoyo desplegadas durante la pandemia a unas posibles “circunstancias cambiantes” en el corto plazo. La recomendación de Bruselas llega dos semanas después de que la Comisión recortase las previsiones de crecimiento de España en 2021 y 2022 hasta el 4,6% y 5,5%, respectivamente, en línea con otros organismos internacionales como el FMI, que también las ha rebajado, y de buena parte de las casas de análisis y servicios de estudios. El Ejecutivo comunitario, que ha presentado el paquete de otoño del Semestre Europeo, en el que evalúa los planes presupuestarios de los distintos Estados miembros, señaló que la recuperación económica en España “está ganando terreno”, pero también que se avecinan “ciertos desafíos”, por lo que aconsejó al Gobierno adoptar una política fiscal prudente. La CE prevé que la deuda pública española escale hasta el 120,6% del PIB al cierre de 2021 para ir reduciéndose hasta el 118,2% en 2022 y el 116,9% en 2023, lo que explica la petición de gestionar con sobriedad los recursos públicos.
Pese a que toda la zona euro afronta una coyuntura compleja por la conjunción de una serie de riesgos de difícil control, como el alza de la inflación, la crisis de suministro de componentes y materias primas o la incierta evolución de una crisis sanitaria que no termina de remitir, España cuenta con condicionantes añadidos que aconsejan vigilar estrechamente todos los pasos de la política económica. El primero es haber sido la economía más duramente golpeada por la pandemia, así como haber pasado de capitanear la recuperación europea en los cuadros de previsiones a situarse entre los países rezagados. A ello hay que sumar que aunque en ese proceso de reactivación económica los fondos europeos juegan un papel capital, como el Gobierno ha señalado una y otra vez a lo largo del último año, a día de hoy su ejecución va con considerable retraso, lo que hace prever que su efecto multiplicador en el crecimiento se postergará más de lo previsto.
La advertencia de Bruselas sobre la conveniencia de adaptar la política económica a las amenazas que se ciernen sobre el horizonte puede extenderse a algunas de las iniciativas contrarreformistas que ha impulsado el Gobierno, como la nueva regulación laboral, así como al aumento de los costes empresariales. La recuperación española no está en cuestión, pero sí lo está su ritmo, lo que indica que es momento de apoyar a las empresas, de flexibilizar el mercado y de agilizar en lo posible la ejecución de los fondos europeos, en lugar de elevar las cargas y endurecer la legislación.