Los reguladores europeos defienden el mercado eléctrico y arremeten contra el tope del gas
El informe subraya los beneficios de los precios marginalistas Dice que las subvenciones ponen en peligro el suministro
La Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) ha dado a conocer el esperado informe sobre una posible reforma del mercado mayorista de la electricidad, cuyo algoritmo de casación está armonizado entre todos los países de la UE. A las peticiones de reforma del sistema marginalista reclamados por algunos países del sur, entre ellos España, y del este de Europa, a raíz de la escalada de los precios eléctricos, la Comisión Europea ha venido remitiendo a la propuesta que estaba elaborando ACER a petición suya.
Entre tanto, Bruselas ha defendido medidas coyunturales, esencialmente, bajada de impuestos y apoyo a los consumidores vulnerables y ha aceptado la llamada “excepción ibérica” para que España y Portugal pongan un tope al precio del gas para generar electricidad.
La posición de los reguladores, de la que el Gobierno español esperaba poco apoyo, según fuentes del sector, es clara y contundente: el informe concluye que el diseño marginalista del mercado de la luz no solo no es responsable de la actual crisis de los precios, sino que ha contribuido a mitigarla. En su opinión, en línea con la de las grandes eléctricas, es que el problema está en el mercado del gas. Así, considera que las reglas vigentes del pool “han ayudado en cierta medida a mitigar la crisis actual, evitando cortes de electricidad o incluso apagones parciales”.
La agencia de reguladores europea dice que el mercado eléctrico no ha sido diseñado para la actual situación de “emergencia”. Y advierte de que las medidas “mal diseñadas” o “las señales de precios distorsionadas” por la intervención en la formación de precios del mercado “podrían hacer retroceder la integración del mercado eléctrico en la UE y la competencia”, lo que podría poner en riesgo los beneficios alcanzados hasta la fecha y aumentar el coste de la transición energética.
En cuanto a la duración de las medidas que se están aplicando, considera que su aplicación debe limitarse a la de la guerra de Ucrania. Y advierte de que subvencionar los costes de los generadores térmicos “puede poner en peligro la seguridad de suministro, distorsiona el despacho y distorsiona los flujos en las interconexiones”. En este sentido, valora las propuestas del Gobierno español, de poner un cap al gas y compensar su precio real, como las peores soluciones de entre las que han sido propuestas por los Gobiernos. Califica de intervencionista poner un tope a los precios.
Concretamente, las intervenciones, como gravar los beneficios extraordinarios estableciendo un límite de precio en los mercados de la electricidad, no solo podrían distorsionar el mercado, especialmente a medio y largo plazo, sino desalentar la inversión del sector privado, influir en las percepciones de riesgo y propiciar la escasez de suministro.