Frente a la inflación, hay que incentivar el ahorro energético, no estimular el gasto
La decisión de subvencionar el coste de los carburantes hasta el próximo 30 de junio a todos los ciudadanos españoles fue adoptada por el Gobierno como medida de choque para paliar los efectos de la imparable escalada del precio del combustible, alimentada por una guerra cuya duración es todavía difícil de prever. El rally de la gasolina ha modificado ya el perfil de gasto de los consumidores, según datos del mes de marzo, antes de que el Ejecutivo aprobase la bonificación. A tenor de un análisis realizado por CaixaBank Research, los conductores con mayores ingresos aumentaron el gasto en los establecimientos de repostaje un 15% durante ese mes, mientras que los de menores rentas solo lo hicieron en un 2,3%, lo que sugiere que los conductores con menos recursos disminuyeron su kilometraje, mientras que los de mayor nivel adquisitivo lo mantuvieron, todo ello en un contexto de precios al alza.
Hay que recordar que la bonificación del Gobierno, de 20 céntimos por litro de combustible, provocó durante el primer fin de semana de su aplicación un repunte de entre un 40% y un 50% en las ventas de carburantes de las estaciones de servicio, según datos de Repsol y Cepsa, aunque posteriormente esa demanda se ha ido estabilizando y las subidas se han ralentizado. Pero en cualquier caso, de los datos del análisis de CaixaBank se desprende que la subida de costes solo ha obligado a reducir el consumo a los conductores con menores ingresos, lo que parece indicar que la bonificación de la gasolina puede tener sentido en este segmento de renta, pero no en el resto.
A ello hay que unir la advertencia realizada a los operadores por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al alertar de que el Gobierno pondrá fin a la bonificación si estos la absorben y mantienen los precios, lo que parece indicar que la medida no está cumpliendo con eficiencia el objetivo que pretendía el Ejecutivo. En lugar de una subvención directa al consumo y además generalizada en todos los tramos de renta –que estimula el gasto y tiene a largo plazo un efecto inevitablemente inflacionista–, el Gobierno debería apostar por la aplicación de políticas públicas que estimulen el ahorro energético entre la ciudadanía y desincentiven el consumo superfluo. Aunque es cierto que el fuerte crecimiento de la inflación en la economía española no se explica únicamente por la crisis energética, también lo es que esta constituye una parte lo suficientemente importante como para apostar con rigor por controlar el gasto en lugar de alimentarlo.