Los cogeneradores denuncian un descenso del 20% de su producción por la nueva regulación
La producción de la cogeneración cayó un 20,4% en abril, frente al mismo mes del 2021, “un alarmante descenso que se produce tras la publicación del real decreto ley de medidas de urgencia de 30 de marzo”, denunció ayer en un comunicado la asociación Acogen. Esta recuerda que durante meses vienen denunciando los retrasos en la publicación de sus retribuciones, sin actualizar desde hace dos años, “lo que unido a la brutal subida de los combustibles está asfixiando financieramente al sector”.
La cogeneración venía funcionando con las previsiones de retribución del marco en vigor. Sin embargo, el citado decreto ley introdujo cambios relevantes de aplicación retroactiva desde el 1 de enero, “que dejan la retribución en total incertidumbre hasta la publicación, no antes del 31 de mayo, de los desarrollos reglamentarios, lo que obliga al sector “a funcionar a ciegas”.
Ante la incertidumbre de producir en pérdidas, muchas cogeneraciones van parando su actividad mientras otras deben mantenerla obligatoriamente para atender las necesidades de sus industrias asociadas, acumulando graves riesgos. “Este limbo regulatorio está impidiendo que los cogeneradores puedan gestionar la alta volatilidad de los precios de los combustibles y de la electricidad”, señala Acogen.
La asociación urge al Gobierno a restablecer la normalidad regulatoria y abordar las subastas que, como confirmaron la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se celebrarán este mismo año, movilizando más de 800 millones de euros de inversión en cientos de industrias.
“El desplome de la cogeneración es grave y adelanta una caída industrial, ya que el 20% de nuestro PIB industrial fabrica con esta energía que supone el 11% de la generación total de electricidad del país y que utiliza el 20% del consumo nacional de gas”, subraya Acogen.
Tras dos años esperando el nuevo marco, inmersos en una crisis energética, con convulsiones en los mercados y desajustes en la metodología de una retribución desfasada, el Real Decreto Ley 6/2022 supone dos negativas y graves consecuencias para el sector: la retroactividad de los ajustes desde el 1 de enero, y el plazo de dos meses (antes del 31 de mayo) para establecer las retribuciones.
Acogen recuerda que las retribuciones del sector llevan dos años sin actualizarse