Andalucía, Cataluña y Madrid se llevan casi la mitad del dinero para formar a trabajadores y parados
El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución a las comunidades autónomas de más de 1.200 millones de euros destinados al impulso de la Formación Profesional y ocupacional, de los que 393 millones se dedicarán a acciones del Plan de Modernización de la FP y 846,5 millones a la formación de trabajadores empleados y desempleados.
Así, el Ejecutivo ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la distribución de 846 millones de euros a las comunidades autónomas para la formación ocupacional dirigida a trabajadores, empleados y desempleados. Esta cifra suma 163 millones más (un 24%) que en el mismo periodo del año anterior. Las comunidades de Andalucía (con 133,4 millones de euros; Cataluña, con 125,1 millones y Madrid 107,2 millones) recibirá casi la mitad de toda esta financiación. Estos fondos, procedentes de los presupuestos anuales de Educación, irán dirigidos a formación en certificados de profesionalidad vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siguiendo las necesidades formativas del mercado laboral.
Además, se han aprobado otros 393 millones de euros, correspondientes al ejercicio 2022, forman parte de la inversión total de 2.075,4 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España destina a la modernización del sistema de Formación Profesional hasta 2023 (componente 20), según informó Educación. La cantidad aprobada este martes supera en 92 millones la destinada en el ejercicio anterior para estas acciones.
Entre las actuaciones más importantes destaca el impulso al nuevo modelo de evaluación y acreditación permanente de competencias profesionales, para el que se destinan 179,6 millones de euros. El Ministerio de Educación pretende llegar a 750.000 trabajadores y acreditar las competencias de tres millones de personas hasta 2023. Según la encuesta de población activa (EPA), más de 10 millones de personas, el 46% de la población activa, carece de acreditación profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario.
El Gobierno da el visto bueno a un total de más de 1.200 millones de euros