Una reforma que armonice y eleve la transparencia en la industria de fondos

El debate en torno a la necesidad de aumentar la transparencia sobre las comisiones que cobra la industria de fondos de inversión no es nuevo y se encuadra en el marco, más amplio, de la importancia de regular de un modo más exhaustivo el sector, en buena parte como consecuencia del crecimiento exponencial que ha experimentado desde 2008. Si en esa fecha los activos que manejaba la industria sumaban un patrimonio agregado de 4,5 billones de euros en toda la UE, a finales del año pasado esa cantidad rozaba ya los 20 billones de euros. Si entonces los fondos representaban el equivalente al 42% de la economía de la zona euro, al cierre de 2021 superaban el 132%. En este contexto de fuerte crecimiento, el supervisor europeo de los mercados financieros (ESMA, por sus siglas en inglés) ha advertido de la necesidad de estrechar los controles sobre los costes ocultos e indebidos en los que incurren algunos fondos de inversión y ha pedido a las autoridades de los Estados miembros que tomen medidas específicas para atajar este problema. Ya en 2019 la CNMV abordó en España la revisión de los fondos con patrimonio superior a 6.000 millones de euros, y a principios de este año la propia ESMA anunció una acción común de supervisión junto con las comisiones nacionales de valores, incluida también la CNMV, precisamente con el fin de evaluar el cumplimiento de las normativas que regulan los costes y el deber de no cobrar a los inversores gastos indebidos. Por costes indebidos, el supervisor europeo entiende los excesos y la opacidad en las distintas comisiones que pueden cobrar los fondos, que incluyen no solo la de gestión, que es la principal, sino también otras menos evidentes, como es el caso de los gastos de corretaje, los costes por cambio de divisas y los costes administrativos en general. Parte del problema del control de las comisiones es la disparidad de regulaciones al respecto que existe en Europa y la diversidad de criterios que utilizan los supervisores nacionales a la hora de determinar qué gastos puede o no cargar el fondo de inversión, como también la existencia de conflictos de interés en la gestión de esos costes, especialmente entre empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Todas ellas constituyen suficientes razones para respaldar no únicamente la acción de supervisión anunciada por la ESMA este año, sino también la necesidad de que Europa aborde una reforma regulatoria que unifique, clarifique y aumente la transparencia en torno a los costes y los mimbres en general de una industria cada vez más compleja y globalizada.