Las VTC urgen a Bruselas a actuar para que sus servicios urbanos no desaparezcan
Tienen cuatro meses para evitar que se impida Alertan de que se perderán miles de empleos y más de 800 millones de inversión
Las empresas de VTC enviarán antes de que acabe la semana una carta a la Comisión Europea para informarles de la situación complicada que vive el sector en España y urgirles a que tomen cartas en el asunto “para evitar la pérdida de miles de empleos y la desaparición de un servicio urbano”, que según defienden, “demandan millones de españoles y ayuda a impulsar una movilidad sostenible”. La misiva la harán llegar a través de sus dos patronales, Unauto VTC y Aseval-Madrid.
Las compañías afectadas están preocupadas por la falta de regulación del sector a menos de cuatro meses de que finalice el periodo transitorio de cuatro años establecido por el Decreto Ábalos (Real Decreto Ley 13/2018), que prohíbe a las licencias de VTC realizar trayectos urbanos más allá del próximo 1 de octubre si la comunidad autónoma no regula antes su actividad urbana de modo expreso, como acaba de hacer Madrid.
“Vamos a pedir una reunión con la comisaria de Transporte, a la que solicitaremos su apoyo para instar a los gobiernos de España y autonómicos que se dote al sector de un marco normativo acorde a las recomendaciones de la Comisión, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 4 de febrero, que apoyan el uso del taxi y VTC compartidos en todo el conjunto de la UE para impulsar una movilidad sostenible e inteligente”, explica José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC .
Unauto y Aseval subrayan las graves consecuencias que tendrá no regular el sector, pues en España hay hoy 18.000 licencias VTC y el sector genera 62.000 empleos, 36.000 directos. “Además, se perdería una inversión de más de 800 millones prevista para, entre otras cosas, la electrificación del parque de vehículos VTC”, añade.
Apoyo de los sindicatos
Berzal cuenta que la preocupación es compartida por los sindicatos CC OO, UGT y SLT, el mayoritario del sector. “En un comunicado reciente y conjunto han pedido a los Gobiernos autonómicos que regulen el sector para evitar una destrucción masiva de empleo y dar a los usuarios la libertad de elegir entre diferentes servicios de movilidad”.
La única comunidad autónoma que ha regulado hasta ahora el sector de las VTC para evitar el precipicio regulatorio de octubre es la de Madrid. Y a ello se ha opuesto parte de los taxistas madrileños, que el pasado miércoles cortaron calles de la capital para protestar contra la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes que permitirá a las VTC seguir haciendo trayectos urbanos.
En Andalucía, y según fuentes del sector, las empresas de VTC esperan que se reproduzca lo de Madrid si gana el PP las elecciones del próximo día 19. La situación, por contra, es más compleja en Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia y Aragón, que han regulado un tiempo de espera obligatorio para recibir el servicio por parte de los usuarios pero no una autorización específica para realizar los servicios urbanos, salvo el área metropolitana de Barcelona. Esta sacó una norma reglamentaria donde permitía este tipo de servicios, si bien reducía la flota autorizada para prestarlos a aquellas VTC que ya existían antes de la liberalización del sector en diciembre de 2009. Esta normativa está recurrida ante su tribunal superior de justicia y en su recorrido ha llegado hasta el TJUE.
En el País Vasco la situación es la misma que en estas comunidades, pero su TSJ anuló el tiempo de espera, que aun se encuentra pendiente de resolución definitiva por el Tribunal Supremo. Canarias no necesita regular expresamente esta situación que vive el sector porque asumió competencias plenas desde 1987, al igual que Baleares. “Y el resto de comunidades no tienen ningún proyecto normativo en marcha por lo que parece que no están por la labor de regular estos servicios a escasos cuatro meses de su prohibición”, según las mismas fuentes.
Para Berzal, “es una pena que la toma de una decisión de este tipo dependa del color político de los distintos gobiernos autonómicos, pero la situación desgraciadamente es esa”, se lamenta.