Los acreedores de Celsa renuncian a entrar en el capital
Aceptan una quita de 630 millones, pero piden participar de beneficios futuros
Los acreedores de Celsa ceden en sus negociaciones a cara de perro con la empresa. Los dueños de los 2.300 millones de euros en deuda han renunciado a tomar el 49% del capital, como reclamaban hasta ahora, y asumen una quita de 630 millones en el pasivo. La SEPI exige que las partes alcancen un acuerdo inminente, que permita bajar la deuda de la compañía en 1.000 millones y desatasque el rescate público solicitado, de 550 millones
Los acreedores –capitaneados por los bancos Goldman Sachs y Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global– reclaman poder compartir el “valor en exceso” que pueda generar la compañía en los próximos años. Es decir, después de que la compañía devolviese el dinero público, de ese valor extra generado por la compañía los primeros 550 millones, con un interés del 10% anual, se los embolsarían los acreedores. Y del resto el 51% se asignaría a la familia Rubiralta y el resto a los acreedores.
Esta propuesta supone que los dueños de la deuda –a los que los Rubiralta acusan de haber adquirido este pasivo a precio de derribo– acepten una quita de 660 millones. Y pidan convertir 550 millones en un crédito subordinado “fuera del perímetro de la SEPI”. En anteriores propuestas, los acreedores reclamaban emitir unas participaciones preferentes por este valor en la Bolsa de Luxemburgo, que se pudiesen convertir en capital a los siete años.
Hasta ahora, la familia Rubiralta ha rechazado ceder ni una acción de Celsa a los acreedores. Su propuesta pasa por dejar la deuda de la compañía en 662 millones, tras repagar 450 millones de pasivo (400 millones provenientes de la SEPI y 50 millones de una ampliación de capital) y que los acreedores asuman una quita de 1.238 millones.
Para mitigar esta cantidad, en su última propuesta, plantean lanzar un nuevo instrumento por 400 millones, como un “bonus adicional” que los fondos podrán cobrar de la compañía en siete años. También rechazan el instrumento preferente que proponían los acreedores, pues afirmaban que iba en contra de las condiciones de la SEPI y que desplazaba el centro de decisión de la compañía fuera de España.
En un comunicado, los fondos afirman aceptar que el 100% de las acciones de Celsa sean de los Rubiralta, pero no “todo el valor”. También afirman apoyar el modelo industrial de Celsa, pero censuran la gestión de los Rubiralta por estar “basado en un endeudamiento excesivo e insostenible durante más de diez años”. “Este modelo temerario ha provocado tres reestructuraciones del negocio en España, una reestructuración en el Reino Unido y dos reestructuraciones en Polonia, todas las cuales han dañado la credibilidad internacional de la empresa. Además, durante este periodo, los accionistas no han realizado ninguna aportación de capital a la empresa”, comentan.
Los fondos también niegan que su propuesta busque apropiarse de las ayudas públicas y afirman que son “instituciones financieras preeminentes, bien reguladas y capitalizadas, con una larga historia de inversión y compromiso tanto en el mercado español como en el mundial”.