Los acreedores acusan a Celsa de bloquear el rescate por la SEPI
Las dos partes apuran plazos en la negociación Las ayudas públicas precisan de la firma de la reestructuración de deuda
El grupo de acreedores de la siderúrgica catalana Celsa acusa a los Rubiralta, máximos accionistas, de bloquear el rescate de la empresa. “Los intereses económicos de la familia Rubiralta son el único impedimento a un rescate de la SEPI”, indican en un comunicado los tenedores de la mayor parte de la deuda: 2.300 millones en emisiones jumbo y convertible.
La empresa está pendiente del rescate por parte de la SEPI, quien ya considera a la empresa elegible para la línea de ayudas. Pero para desembolsar los fondos, unos 500 millones de euros, exige un pacto entre acreedores y empresa que rebaje la masa de la deuda en unos 1.000 millones de euros. Y el tiempo apremia, dado que el plazo para el rescate acaba a final de mes y, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, precisa de la luz verde del consejo asesor de la SEPI y de la aprobación de la Comisión Europea (si el rescate, como se prevé, supera los 250 millones). Aunque todas las partes están dispuestas a apurar plazos, la reestructuración de la deuda debe estar completamente cerrada.
La situación de Celsa, con 7.000 empleos en España, ocupó de hecho parte del encuentro celebrado este lunes en Barcelona entre la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró. El viernes, el presidente catalán, Pere Aragonès, ya salió en defensa de la continuidad industrial del grupo.
Los acreedores –Goldman Sachs y Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree, Sculptor Capital Management y SVP Global– lanzaron el viernes una nueva propuesta, según la cual aceptaban una quita de la deuda en 630 millones. En relación a propuestas anteriores, los acreedores han renunciado a entrar en el capital, una opción que la familia Rubiralta siempre había rechazado. Pero proponen, en su lugar, asegurarse los primeros 550 millones de resultado operativo que obtenga la empresa (una vez devueltas las ayudas públicas) y, después, el 49% del valor generado hasta 2029. “La única diferencia entre las posiciones de la compañía y los acreedores es el reparto”, explican.
La familia, por su parte, rechaza las acusaciones de los fondos, a quienes acusa de desinterés: “Nunca han financiado a la compañía ni se han interesado por su plan estratégico”. La firma argumenta que los inversores compraron la deuda con descuento de entre el 20% y el 80% sobre el nominal, y que aspiran a una “expropiación” el valor económico de la firma.
La última propuesta de los Rubiralta pasa por una quita de 1.300 millones y usar la inyección de la SEPI más 50 millones aportados por los propios Rubiralta para dejar la deuda en 660 millones. Los acreedores serían compensados con un nuevo instrumento por 400 millones, pagadero en siete años.
Los fondos, en todo caso, han insistido en su compromiso con el mantenimiento en España tanto del centro de decisión de Celsa como de las plantas industriales: “Los fondos no han contemplado ni tienen previsto contemplar en ningún caso exigir la posibilidad de la más mínima deslocalización [...], están comprometidos con el empleo y las condiciones laborales en todos los centros productivos”.