La industria española, ‘capturada’ entre el norte de Europa y el norte de África
La falta de políticas de apoyo para capturar y almacenar CO2 en nuestro país, al contrario que en otros, es una desventaja competitiva para la descarbonización
Entre las herramientas de la descarbonización, y especialmente en el ámbito de la UE, algunas cuentan con el beneplácito generalizado de la sociedad, como son el empleo de energía renovable, la electrificación y el hidrógeno renovable. Sin embargo, la captura, almacenamiento y empleo de CO2 no disfrutan de tal grado de aceptación por un conjunto de factores: el desconocimiento de su importancia, la percepción de que suponen una vía para que las energías fósiles sigan formando parte del mix de energía primaria y porque, gracias a ella, la industria puede retrasar su transformación. En algunos países, como es el caso de España, la captura no merece más que consideraciones genéricas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
No obstante, la captura es la cuarta herramienta esencial de la descarbonización, sin cuya contribución el objetivo de emisiones netas cero en 2050 es inalcanzable. Sin captura y empleo de CO2, el objetivo de la Comisión de que el 20% del carbono incorporado a productos químicos y plásticos provenga en 2030 de carbono reciclado es virtualmente imposible.
La captura de CO2 para almacenamiento y empleo está siendo abordada con enorme impulso por Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia y Finlandia. Disponen de una industria muy potente difícil de descarbonizar y fácil acceso a campos de petróleo y gas agotados. En el caso noruego, existe una amplia experiencia de inyección en el subsuelo de CO2, por lo que cuatro de los siete proyectos a gran escala de la primera convocatoria del Innovation Fund para capturar, transportar, emplear y/o almacenar CO2 en el mar del Norte estarán operando a partir de 2026.
En los puertos de Dunquerque, Amberes, Rotterdam, Wilhemshaven y otros se van a generar condiciones perfectas para implantar clústeres de industrias que generan CO2 en su actividad (cemento, refino, industria química, hidrógeno gris, amoniaco, siderurgia, combustión de biomasa), con acceso a hubs de transporte multimodal de acceso abierto hasta almacenamientos que van a operar sobre una base comercial. Adicionalmente, a los precios actuales y futuros del derecho de emisión, los costes del proceso completo, para aquella fracción del CO2 que no sea destinado a reciclado, empiezan a ser claramente atractivos. La consecuencia es que la industria europea de los países citados se encuentra en clara ventaja competitiva para alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la Comisión Europea.
Salvo un proyecto offshore en Italia, en los países del sur de Europa, en particular en España, las iniciativas son mucho más modestas e incipientes, cuando las hay. Y ello por la falta de interés del Gobierno de turno, porque las formaciones geológicas disponibles son de naturaleza distinta a las del mar del Norte y porque la percepción social no es especialmente favorable a esta técnica.
En el norte de África, particularmente en Argelia, hay yacimientos de gas y petróleo agotados o en vías de estarlo. El proyecto InSalah que comenzó la inyección de CO2 en 2004, ha permitido desarrollar capacidades y tecnologías que sirven de base a las operaciones comerciales que se aproximan rápidamente en el norte de Europa y que permitirían llevar a cabo almacenamiento geológico de CO2 en Argelia. No en vano, el proyecto fue desarrollado por la misma compañía que opera los yacimientos noruegos, Equinor (entonces Statoil), con la colaboración de la empresa estatal Sonatrach y BP. Cabría pensar pues que, con un adecuado desarrollo de infraestructuras, Italia, Grecia y eventualmente España, una vez resuelta la actual crisis, podrían enviar a Argelia CO2 licuado por barco, y en principio estarían en condiciones de competir con la industria del norte de Europa, aunque generando una nueva dependencia estratégica. No obstante, existen claras barreras para el desarrollo de esta opción, entre otras, que la directiva de almacenamiento geológico no aplica fuera de la Unión. Por lo que, salvo cambios legislativos, la vía se antoja compleja.
Cabe una alternativa, en cierta medida devastadora. Ante la falta de opciones para reducir emisiones vía captura y almacenamiento, la industria emisora de estos países puede optar por deslocalizarse y ubicarse en Argelia, de lo que se puede encontrar algún ejemplo ya en operación desde hace años. Los productos se exportarían a la UE, en el marco del Reglamento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) que podría entrar en vigor en 2027, a ser aplicado inicialmente a cuatro categorías de productos más electricidad, ampliados a químicos orgánicos, plásticos, hidrógeno y amoniaco.
En su versión actual, el importador declara las emisiones de CO2 asociadas a los productos importados y entrega un número de certificados correspondiente a las emisiones declaradas, cuyo precio replica el del derecho de emisión en la UE. El objetivo es fijar un precio del carbono equivalente para las importaciones y los productos comunitarios, además de fomentar el uso de tecnologías con menores emisiones por terceros países. Lo que evidentemente incluye la captura y almacenamiento.
Si el producto fabricado en el norte de África tiene unas emisiones directas asociadas muy bajas (porque el CO2 ha sido capturado y almacenado en origen con la adecuada verificación), el sobrecoste derivado del CBAM será muy bajo. Y presumiendo costes de fabricación más reducidos que en la UE, los productos importados harían inviable la fabricación en el sur de Europa sin captura y almacenamiento, una vez plenamente en vigor el reglamento.
La combinación de una potente industria en el norte de Europa con acceso a almacenamiento geológico de CO2 y unas grandes capacidades potenciales en el norte de África para albergar industria con emisiones de CO2 muy reducidas, resulta en un escenario complejo para la industria del sur de Europa en general y de España en particular. Urge por consiguiente avanzar de forma decidida en la aplicación en nuestro país de la directiva de almacenamiento geológico y su trasposición realizada en 2010, pero sobre todo eliminar las barreras existentes para evitar que nuestra industria se vea abocada a la desaparición. La ausencia de políticas de apoyo a la captura y almacenamiento, cuando no una clara oposición a la tecnología, plantea un futuro incierto para la creación de riqueza y de empleo estable y cualificado que la industria proporciona.