Los consejeros cesados defienden su gestión
Los cuatro independientes cesados en la última junta de accionistas de Indra remitieron ayer cartas al consejo de la entidad en las que atribuyen a sus discrepancias con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre nombramientos su salida de la firma.
Las misivas fueron publicadas por la tecnológica en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siguiendo la recomendación de buen gobierno, y contienen la visión de Alberto Terol, Enrique de Leyva, Ana de Pro y Carmen Arrequeta.
Asimismo, también se hizo pública la carta de dimisión de Silvia Iranzo, mientras que Isabel Torremocha, que no fue renovada en la junta, renunció a presentar su escrito. Los independientes cesados coinciden en subrayar su apuesta por lograr consensos y superar las discrepancias con los representantes de los accionistas que se han producido en el seno del órgano. Además, subrayan sus buenas valoraciones obtenidas por la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo.
Al igual que en la junta de accionistas, Alberto Terol es el consejero que argumenta más en profundidad su oposición a la SEPI y destaca que sus diferencias se ciñeron principalmente a la salida de Fernando Abril-Martorell y a la concesión de poderes ejecutivos a Marc Murtra. “Soy plenamente consciente de que el deber de secreto me impide comentar los acuerdos de consejo y sus comisiones. Sin embargo, puedo afirmar que el consejo de Indra ha adoptado por unanimidad la inmensa mayoría de los acuerdos tomados desde que yo me incorporé al mismo y hasta mi cese”, comenta Terol en un tono muy similar al marcado por sus excompañeros en Indra.
Todos ellos se refieren a la actuación de Amber Selective Opportunities Fund en la junta y cuestionan su conocimiento de la gestión de la compañía y el funcionamiento del consejo tras hacerse con un paquete accionarial desde hacía “pocos días”. Por último, un grupo de accionistas minoritarios de Indra anunció ayer que tienen previsto iniciar acciones judiciales en defensa de sus “legítimos intereses”. Para ello, han acudido al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que está analizando “las diferentes alternativas judiciales para reclamar daños y perjuicios” ocasionados por estos hechos.