Presupuestos: buenas intenciones y malas previsiones
Unas cuentas públicas que toman como base un crecimiento del PIB que es poco probable pecan de optimismo frente a un horizonte lleno de riesgos
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen como punto de partida una previsión de crecimiento del 2,1% para 2023, después de que el Gobierno la rebajase en seis décimas hace unos días. Las previsiones de la OCDE son peores: predicen el 1,5%. La evolución del último trimestre de este año dará la clave, porque si se produce una caída del PIB, lo cual es muy probable dados los precios del gas y la caída de la actividad industrial, haría imposible crecer por encima del 2% en el 2023.
En realidad, lo que ocurrirá el próximo año es muy incierto por las distintas amenazas a que se encuentra sometida la economía. Pero si se observan algunos indicadores, como el mercado a futuros de gas y las intenciones anunciadas por Rusia, lo más probable es que el precio del gas de mantenga como mínimo a los precios actuales durante todo el próximo año.
Esto sería un duro golpe para Europa. Alemania, la economía más fuerte, tiene inventario de gas para algo menos de dos meses. Los problemas en el abastecimiento se traducirá en recesión económica, dada la imposibilidad para mantener la actividad productiva en muchas empresas y, por supuesto, en inflación. El comportamiento de los precios es el dato más esperado por el BCE. La política monetaria se va ajustando día a día en función de lo que va ocurriendo. En la medida en que no se controlen los precios, los tipos de interés seguirán subiendo para frenar el consumo de los hogares y la inversión empresarial. Si el tipo de interés llegase a alcanzar el 4%, la economía española entraría en una importante recesión.
En este escenario, unos Presupuestos que toman como partida un crecimiento tan poco probable pecan de optimismo. A partir de ahí, el Gobierno ha anunciado un esfuerzo dirigido a compensar los efectos de la inflación en algunos sectores de la población.
De lo anunciado por el Ejecutivo, destaca en positivo la subida de las pensiones para evitar la pérdida de poder adquisitivo y el incremento del ingreso mínimo vital. Más controvertida es la subida de sueldo a los funcionarios del 9,5%, que podría llegar a ser incluso mayor. El problema del funcionariado en España es estructural, un sistema sin incentivos ni penalizaciones en el que sigue sin diseñarse el instrumento adecuado para medir la productividad y por tanto su sistema de retribuciones.
Sin embargo, el funcionariado goza de una posición privilegiada en la negociación colectiva, porque negocia con la
Administración, que no es una patronal al uso, y están garantizados los 2.000.000 de empleos que contrata el sector público en España.
La otra novedad de los Presupuestos es una batería de medidas de corte social, como el cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años, 600 millones para el plan de dependencia o el mantenimiento de la bonificación para el uso de cercanías.
El objetivo del Pacto Verde europeo, que busca la transición hacia una economía circular y verde también encuentra respaldo en las cuentas públicas. Por otra parte, el ministerio de Hacienda pretende controlar el déficit y reducir el endeudamiento. Sin duda este punto es crítico en un momento en el que los tipos de interés se encuentran al alza, ya que podrían suponer un desembolso importante de las arcas públicas para el pago de los réditos.
Los planes gubernamentales son reducir los impuestos a las rentas inferiores a 21.000 euros, reducir en el 2% el impuesto a las empresas pequeñas que revistan la forma de sociedad y en un 5% a los autónomos. Por otra parte, se sube la presión fiscal impulsando un impuesto sobre el patrimonio y se eleva el IRPF a los perceptores de más de 200.000 euros.
El paquete fiscal, a primera vista, indica una redistribución de rentas basada en la solidaridad social. Sin embargo, un análisis más detallado alumbra sobre algunos riesgos de la medida. En primer lugar, la carrera en la bajada de impuestos que han iniciado las comunidades autónomas, y a la que se ha sumado el Gobierno, es de carácter fuertemente electoralista, pero no es una reforma que modernice el sistema tributario simplificando impuestos y mejorando la eficacia de la inspección.
Los grandes patrimonios no suelen estar bajo la titularidad de las personas físicas, sino que se acumulan a través de sociedades, por lo que la capacidad recaudatoria en la práctica del impuesto es muy dudosa.
El Gobierno asegura que puede aumentar el gasto social y disminuir los impuestos a la vez. El ajuste de las cuentas lo fía al nuevo impuesto de patrimonio y a la presión sobre los que más ganan, pero con un escenario económico de crecimiento como el que prevé, y el fácil escapismo fiscal de los impuestos previstos, es difícil cuadrar los números.
El problema es que si sus cálculos son errados, el aumento del endeudamiento se corregirá con recortes en el gasto y con subidas de impuestos.
En los Presupuestos se incorpora un importante monto a cuenta de los fondos europeos. Sin embargo, la Administración se está mostrando ineficaz para ejecutar el dinero que ya ha llegado. Un botón de muestra son las dificultades del Perte en materia de coche eléctrico presentado por Stellantis para su planta de Vigo.
Por último, el proyecto de Presupuestos que probará el Consejo de Ministros es fruto del acuerdo entre PSOE y Podemos, pero ahora le toca el turno a regionalistas, nacionalistas e independentistas que intentarán llevarse una porción más grande de la tarta. Ese será el segundo round.
La carrera en la bajada de impuestos a la que se ha sumado el Ejecutivo es electoralista y no una reforma que simplifique y mejore el sistema