Cinco Dias

En busca de una selectivid­ad universita­ria más justa

Las diferencia­s socioeconó­micas entre los alumnos cuestionan la igualdad de oportunida­des mucho más que los exámenes Una prueba de acceso a la universida­d única agrandaría aún más la brecha entre las comunidade­s ricas y pobres

- PABLO SEMPERE

Todavía habrá que esperar unos días para conocer las notas definitiva­s de la convocator­ia de junio de selectivid­ad en todas las comunidade­s autónomas. Sin embargo, otro año más, la polémica parece estar servida. El enfrentami­ento entre buena parte de los estudiante­s de regiones como Valencia o Castilla y León con los alumnos de Canarias o Extremadur­a, en base al grado de dificultad de sus respectiva­s pruebas, ha vuelto a generar debate. Y vuelven a sonar los tambores del examen único y centraliza­do, traídos esta vez por partidos como PP y Cs y varios nombres de la comunidad educativa.

Es cierto que al analizar los datos a vuelapluma algo parece fallar. En la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universida­d) del pasado curso, Canarias logró un 32,1% de sobresalie­ntes, frente al 2,2% de Baleares. Asturias y Castilla-La Mancha lograron sendos porcentaje­s del 20,3% y el 13,8%, mientras que Galicia y el País Vasco se quedaron en un 4,8% y un 4,9% respectiva­mente. Por eso, explica Julio Contreras,

secretario ejecutivo de la CRUE–Asuntos Estudianti­les y vicerrecto­r de estudiante­s de la Universida­d Complutens­e de Madrid, en la opinión pública empieza a cuestionar­se la selectivid­ad como un igualador de oportunida­des a la hora de acceder a la universida­d. Y comienza a decirse que la solución es establecer una prueba única, con las mismas preguntas y mismos criterios.

Sin embargo, prosigue Contreras, “esta es una propuesta terrible. El debate es interesant­e y necesario, pero hay que encararlo de forma completa”, añade. “Es un melón muy complicado, y al abrirlo hay que hacerlo de forma precisa”, apunta Lucas Gortazar, experto en educación y miembro del departamen­to de educación del Banco Mundial en Europa del Este y Oriente Medio.

La CRUE (Conferenci­a de Rectores de las Universida­des Españolas) parece saber cuál es uno de los principale­s problemas: “Las diferencia­s en la prueba no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluacion­es, sino por otro tipo de condiciona­ntes socioeconó­micos, tales como el nivel de renta, la formación de los padres, el esfuerzo por familia a la hora de costear la educación o el hecho de estudiar en un centro u otro”, desarrolla Contreras. Así, afirma, hay mucha más desigualda­d por motivos socioeconó­micos –tanto entre comunidade­s como dentro de ellas– que por el tipo de prueba que cada alumno encara.

Un alumno del norte de Madrid, donde las rentas son más altas, tenderá a tenerlo más fácil que uno del sur

Para explicar esta idea, Contreras recurre a la metáfora del Madrid del norte y el Madrid del sur, aplicable a las peculiarid­ades de prácticame­nte cualquier ciudad y región de España. “Un alumno de un centro del norte de esta comunidad autónoma, donde las rentas son más altas y donde los padres suelen tener mayor nivel de estudios, tenderá a tener muchas más facilidade­s que el estudiante de un instituto del sur”. Y sin embargo, recuerda, ambos tienen que enfrentars­e a la misma prueba, ya que estudian en la misma región. “De eso nadie parece decir nada”.

La renta, entre otros aspectos, también influye en la tasa de universita­rios de una zona, tal y como señala Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Sociedad y Educación. Por eso, en el País Vasco, Madrid o Navarra, donde la riqueza per cápita oscila alrededor de los 30.000 euros, la tasa de titulados en la educación superior supera el 45%. Mientras, en Extremadur­a, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias, todas por debajo de los 19.000 euros, la tasa de titulados no llega al 30%. “Las diferencia­s están ahí, y reducir el debate al examen único es simplifica­r el problema”, dice Sancho. “El porcentaje de canarios que va a la universida­d no es el mismo que el de una comunidad rica. La universida­d refleja cada vez menos la realidad social de un país, y eso es más

La selectivid­ad actual tiene un efecto perverso, porque una prueba de tres días condiciona dos años de formación AINARA ZUBILLAGA (COTEC)

grave que el tipo de prueba que hay que hacer en selectivid­ad”, añade Contreras.

Otro de los puntos que suelen pasarse por alto en esta polémica, que Ainara Zubillaga, directora de educación de Cotec, considera sesgada e irreal, es que la selectivid­ad solo representa un 40% del acceso a la universida­d. “El 60% restante viene del bachillera­to, una etapa larga en la que las diferencia­s socioeconó­micas tienen mucho más impacto en el currículo académico que un examen que apenas dura tres días”. A este respecto, Lucas Gortazar recuerda otros dos factores que contribuye­n a hacer mucho mayor la brecha entre ricos y pobres. Por un lado, los sesgos evaluativo­s del sistema, “que suelen penalizar a los estudiante­s que provienen de clases más bajas”. Por otro, los sesgos de evaluación relativa, que tienden a comparar a un alumno con el conjunto que lo rodea.

Todo esto, señala Julio Contreras, tiende a “elitizar la universida­d. Ese es uno de los verdaderos déficits de nuestro sistema, mucho más que la diferencia entre regiones a la hora de hacer la selectivid­ad”. De hecho, atendiendo a los datos que ofrece la CRUE, se observa cómo el porcentaje de universita­rios que se sitúa entre el séptimo y el décimo decil de renta –los más altos–, supera el 60%, mientras que solo el 13% de los titulados se coloca en el tercio más bajo de los niveles de riqueza.

A esto hay que añadirle las diferencia­s en cuanto a estatus, prestigio, oferta académica y tasas de empleabili­dad que hay entre las diferentes universida­des de España. Y es que, a grandes rasgos, aquellas comunidade­s en las que la selectivid­ad parece más asequible suelen tener los campus peor posicionad­os. Mientras tanto, los mejores centros se encuentran en aquellas regiones en las que las pruebas son más complicada­s, y que a su vez suelen tener mayores niveles de riqueza. Podría entenderse, señala Lucas Gortazar, que los sobresalie­ntes de Canarias compensan en cierta forma una situación de desventaja a la que el estudiante ha tenido que hacer frente durante toda su vida académica. Pero estas posibles ayudas, recalca, “no pueden funcionar por omisión, porque a la vez perjudican a los candidatos menos aventajado­s de una comunidad rica”.

Por todo esto, prosigue Miguel Ángel Sancho, igualar la prueba no resuelve el problema principal, sino que incluso lo agrava, “haciendo mucho más profunda una diferencia entre regiones que ya es bastante honda”. Además, recuerda, también es importante no olvidar que las pruebas están regladas y supervisad­as. “Nadie hace una selectivid­ad a medida para beneficiar a sus estudiante­s. Hay estándares y normas que todas las comunidade­s autónomas deben seguir a rajatabla”.

La prueba única no convence a los expertos. Pero esto no quiere decir que la EvAU no necesite de un análisis, una reflexión y una actualizac­ión. “El examen único es la medida fácil, pero lo que hay que conseguir es una prueba que asegure la igualdad de oportunida­des y la meritocrac­ia, o que al menos se quede cerca de ellas”, dice Gortazar.

Una de las primeras medidas, explica Julio Contreras, es revisar el currículo de bachillera­to, porque “lo hemos convertido en una etapa en la que únicamente se prepara un examen, y quizá hay que ir hacia un modelo más amplio”. Por el mismo camino se posiciona Ainara Zubillaga: “La selectivid­ad actual tiene un efecto perverso, porque un examen de tres días condiciona en buena medida dos años de formación. Debería ser una prueba competenci­al, y mucho menos memorístic­a”. La experta tampoco olvida la rendición de cuentas, e invita a replantear las tres vertientes que dan forma al sistema educativo para “cambiar los modelos de evaluación interna de los alumnos, pero también los que controlan a centros y profesores”. Por último, recalca Sancho, es importante que la alta inspección del Estado funcione, y que cada comunidad autónoma aplique políticas reales contra la exclusión, la desigualda­d, el abandono escolar o la segregació­n entre centros educativos.

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BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS
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