Aerolíneas y logística ven inasumible en plena crisis un impuesto por volar
La iniciativa del Gobierno de plantar cara a la huella de carbono del transporte aéreo, con un impuesto a la aviación, ha generado no pocas alegaciones entre el sector de las aerolíneas y colectivos relacionados con el turismo y la logística. Además de la asociación que aglutina a 80 compañías aéreas, ALA, también ha trasladado sus enmiendas la patronal del transporte y logística UNO, afectada directamente por el movimiento aéreo de carga de sus empresas.
“Hablar ahora de nuevos impuestos cuando las compañías están haciendo esfuerzos titánicos por sobrevivir es, como mínimo, desafortunado”, afirma el presidente de UNO, Francisco Aranda, “la situación requiere medidas fiscales extraordinarias y financiación, no más cargas”.
Cada punto porcentual de gravamen sobre el billete, señala un informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) al que ha tenido acceso este diario, produciría unas pérdidas de 92 millones al sector turístico solo en lo que respecta a los viajeros internacionales. Además, implicaría un descenso de 84.000 turistas y la destrucción de 3.370 empleos.
El documento elaborado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Etsiae) afirma que sería menos lesivo para la economía española un gravamen sobre el combustible que un impuesto directo al billete. Con todo, los grandes grupos europeos de aerolíneas han demandado a los Gobiernos que frenen este tipo de iniciativas impositivas mientras esté instalada la crisis del coronavirus.
A efectos de ahorro de emisiones, el informe apunta que por cada punto porcentual de nueva carga impositiva en el billete se bajaría un 0,06% o en 15.372 toneladas de CO2.
La Etsiae no esconde su posición contraria al impuesto por volar: “Cualquier medida impositiva debería ser internacional”. España es el segundo receptor mundial de turismo, con el 82% de las llegadas en avión. El sector aéreo incidió en 113.000 millones de PIB en 2018 (17.500 millones directos) y en 1,7 millones de empleos (269.000 directos). En un ejercicio teórico, los investigadores Arturo Benito y Gustavo Alonso, doctores en ingeniería aeroespacial que firman el estudio, elevan su proyección y apuntan que un gravamen del 10% sobre el billete supondría pérdidas económicas por 916 millones, un desplome de 844.000 turistas y 34.000 puestos de trabajo para bajar un 0,6% en emisiones. En lugar de este tipo de políticas, afirman que “existe amplio margen de reducción de emisiones eliminando ineficiencias en las infraestructuras”.
Los principales afectados por la carga impositiva serían los vuelos de corto y medio radio, alimentadores por excelencia de turistas, más sensibles a las dinámicas de precios. También se apunta la afección a las conexiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Los investigadores han recopilado datos de carga de combustible en los aeropuertos españoles para establecer sus estimaciones sobre el efecto de un impuesto directo al fuel, el que consideran un mal menor. En este escenario, de improbable aplicación, cada 1% produciría unas pérdidas de 27 millones y restaría 1.011 empleos.
Un 10% de carga sobre el billete motivaría pérdidas por 1.000 millones anuales al turismo