Guerra al lenguaje jurídico incomprensible: el idioma de los juristas, a examen

Para el 82% de los ciudadanos, el lenguaje y los procedimientos de la justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender, según recoge el barómetro de Metroscopia publicado en 2005 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta es la queja que muchos de ellos hacen llegar a su Servicio de Atención al Ciudadano, especialmente en procedimientos en los que no es necesaria la asistencia de un letrado.

Resulta paradójico que resoluciones judiciales que anulan contratos por “ilegibles” o “incomprensibles” sean, en muchos casos, oscuras y crípticas para los interesados. No obstante, algo se ha mejorado. Algunas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en la década de los ochenta agrupaban en un mismo apartado hasta siete fundamentos (que ocupan 77 líneas y 1.172 palabras), encabezados con un único “Resultando”.

Por otro lado, más allá de la utilización de terminología jurídica propia, no son pocas las resoluciones que abusan de expresiones arcaicas o latinismos. Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional en 2004, se refería a la “vexata quaestio, esta vez máxime vexata” para referirse a una cuestión muy controvertida en un litigio sobre negociación colectiva. Esto era debido a “la embolatada [enredada] prueba, de una contrafectualidad evidente, que bien podría, de no ser analizada desde sus raíces, atollar [obstruir] el procedimiento a la vista”.

La necesidad de promover la utilización de un lenguaje claro y comprensible en el mundo del Derecho impulsó un movimiento que en nuestro país cristalizó con la creación de una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 2009. Fruto de su trabajo fue la redacción de un informe que incluye una serie de recomendaciones