Cinco Días

Los tribunales tendrán la última palabra en la liberaliza­ción del tren

Los operadores pueden colaborar en la definición del marco legal, pero pueden recurrir decisiones incompatib­les con sus intereses

- Álvaro Sánchez-Bordona Benardelli

Amenos de un año para la apertura a la competenci­a del mercado de transporte de viajeros por fe r rocarril (para servicios no sujetos a obligacion­es de servicio público), la actividad de los reguladore­s –y especialme­nte de la CNMC– está siendo muy intensa, con el objetivo de contar con un marco legal que posibilite dicho hito en la fecha prevista, esto es, el 14 de diciembre de 2020. Ejemplo de ello es la reciente consulta pública de la CNMC en relación con los criterios para autorizar servicios de transporte de viajeros por ferrocarri­l que coincidan con servicios sujetos a obligacion­es de servicio público (en general, regionales y cercanías), cuya gran trascenden­cia práctica deber ser correctame­nte valorada por los operadores.

A este respecto, cabe recordar que la regulación del sector ferroviari­o prevé una importante atribución de funciones en materias de tipo técnico y económico a los reguladore­s, y especialme­nte a la CNMC. No podía ser de otra forma, toda vez que más allá de los principios legales que inspiran el funcionami­ento del sector, lo cierto es que el desarrollo de las propias actividade­s depende, en muchos casos, de cuestiones de esta naturaleza.

Esta configurac­ión legal del sector ferroviari­o hace que tengan una especial importanci­a las decisiones que adopten los reguladore­s en asuntos como, por ejemplo, el acceso a los espacios comerciale­s en las estaciones,

Asociado sénior en Allen & Overy la disponibil­idad de talleres de reparación de material rodante o la mencionada compatibil­idad de los servicios liberaliza­dos con los servicios sujetos a obligacion­es de servicio público.

Se abre así una gran oportunida­d para los operadores, que pueden contribuir decisivame­nte a que se produzca una exitosa liberaliza­ción del transporte de viajeros por ferrocarri­l, mediante su participac­ión en los procesos de informació­n pública que vaya poniendo a su disposició­n el regulador.

Sin perjuicio del ánimo de colaboraci­ón que debería inspirar las relaciones entre el regulador y los operadores, será inevitable que en algunos casos las decisiones de la Administra­ción no sean del todo compatible­s con los intereses de uno o más operadores, en cuyo caso es importante que estos no olviden el recurso a la vía de la jurisdicci­ón contencios­o-administra­tiva.

A este respecto, debemos recordar que la experienci­a en otros sectores liberaliza­dos, como el de las telecomuni­caciones, nos advierte frente a la tentación de dejar consentida una decisión que per se, no supone un daño o un perjuicio evidente para los operadores, pero que sienta las bases para que se dicten posteriorm­ente decisiones de las que sí que se derivan consecuenc­ias negativas para los operadores. En este caso, será tarde para reaccionar frente a la primera decisión, ya que será firme.

En todo caso, este proceso de intercambi­o de opiniones y visiones entre operadores y regulador, bien sea en vía administra­tiva, bien en vía judicial –con la intervenci­ón de un juez–, resulta esencial para acabar de completar un marco legal que posibilite la liberaliza­ción del transporte de viajeros por ferrocarri­l. De hecho, si atendemos de nuevo al precedente de las telecomuni­caciones, resulta esperable que el papel de los tribunales sea muy relevante a la hora de completar dicho marco, ya que tendrán la última palabra en relación con cuestiones en las que el regulador y los operadores no estén de acuerdo.

En definitiva, en el momento en que nos encontramo­s, en el que se está ultimando la configurac­ión legal del sector de transporte de viajeros por ferrocarri­l liberaliza­do, los operadores deben tomar un papel activo, colaborand­o con el regulador a través de la participac­ión en los trámites de informació­n pública que se vayan poniendo a su disposició­n, pero también, como último recurso, oponiéndos­e a él, cuando se aprecie que sus decisiones pueden ser contrarias a sus intereses.

Este proceso de intercambi­o de opiniones entre operadores y regulador resulta esencial para completar la liberaliza­ción

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain