La mejor estrategia de España frente a Europa es un sólido plan de reformas
La derrota de Nadia Calviño frente al irlandés Paschal Donohoe en la pugna por la presidencia del Eurogrupo constituye un lamentable revés político en un momento especialmente crítico para la economía española. El fracaso de Calviño, cuyo perfil para acceder al puesto estaba suficientemente acreditado y que contaba con el apoyo de las grandes economías de la UE, es resultado en parte de un sistema de elección que otorga el mismo peso a una potencia como Alemania que a un pequeño país como Estonia, pero también de una mala gestión diplomática y de un clamoroso error de cálculo. Más allá del fracaso político, el resultado de la votación debilita la posición española frente a la dura y compleja negociación que Europa tiene por delante para la reconstrucción de los daños causados por la lucha contra la pandemia del Covid-19.
Pese a que todavía no existe un acuerdo sobre el diseño definitivo del fondo europeo de recuperación, las líneas generales de la respuesta están sobre la mesa. Por un lado, Bruselas estudia dejar en suspenso los objetivos de déficit de los Estados miembros hasta que el PIB recupere los niveles previos a la irrupción de la pandemia, lo que constituiría un balón de oxígeno para todos los países, pero muy especialmente para aquellos que, como España, han sido golpeados con especial dureza por la crisis y arrastran el lastre de un pobre expediente previo en materia de disciplina fiscal. Por otro, y en un intento de recabar el apoyo de los países defensores de la austeridad, el Consejo Europeo propone conceder a los Estados miembros un mayor poder para controlar el uso del fondo de recuperación y la idoneidad de las reformas que cada país debe aprobar para acceder a las ayudas. España ya ha manifestado que rechazará cualquier tipo de troika como fórmula de gobernanza, así como la posibilidad de veto por parte de un país. Resulta una postura razonable, especialmente a la vista del mal resultado que evidenció ese esquema durante la crisis anterior, como también es comprensible y fundamental que el acceso a la financiación se supedite a la puesta en marcha de medidas y reformas capaces de reactivar la economías de los respectivos Estados miembros.
La estrategia del Gobierno debe concentrarse en aprobar un plan integral de reformas estructurales que cumplan con los requisitos y prioridades exigidos por Bruselas para acceder a las ayudas, flexibilicen y oxigenen la economía y se generen, en la medida de los posible, a partir del diálogo social y en un clima de cooperación con las empresas, los sindicatos y los partidos políticos. De la seriedad, eficacia y voluntad política con que se acometa esa tarea depende el futuro inmediato del conjunto de la economía española.