La Audiencia imputa al dircom de BBVA y a Francisco González
El expresidente recurre su nueva imputación por el caso Villarejo
El juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional finalmente ha imputado al director de comunicación de BBVA, Paul García Tobin, y al expresidente del banco Francisco González, por el caso Villarejo, como pidió el pasado 8 de julio la Fiscalía. El juez, además, ha solicitado nuevas pruebas para comprobar la colaboración del banco en su investigación interna. Así, el juez ha imputado un nuevo delito de administración desleal al expresidente de BBVA por supuestamente usar la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal. García-Castellón ha achacado a González este nuevo delito “al haber utilizado recursos de la entidad para su uso exclusivamente personal”. “En concreto, la utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado”, indica.
El auto expone respecto a García Tobin que deberá acudir investigado por haber entregado un documento del banco que “no responde a lo que se dijo se iba a aportar”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito donde atribuía a González un presunto delito de administración desleal “por haber utilizado recursos” de BBVA “para su uso exclusivamente personal”, en referencia a una valoración encargada para la compra de una finca a título privado.
González, por su parte, niega haber encargado a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo, un informe para valorar la adquisición de una finca a título personal, y dice que todas las gestiones que realizó con brókeres y tasadoras fueron pagadas “de su bolsillo”. El expresidente ha remitido un recurso de reforma en el que pide al juez que dé marcha atrás a su decisión de investigarle por administración desleal en este caso, que, hasta ahora, se centraba en cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El banquero advierte de una falta de motivación en el informe del ministerio fiscal, que ni concreta los recursos supuestamente empleados ni identifica a qué finca se refiere. El recurso añade que la fiscalía no está legitimada para iniciar un procedimiento por un delito de administración desleal, pues requiere una denuncia previa del afectado.
En su opinión, los hechos solo habrían perjudicado a una persona jurídica, BBVA, pero el banco no ha emprendido ningún tipo de acción legal.