Puig plantea un impuesto a las rentas altas de Madrid y la región dice que no pagará su “incompetencia”
La reforma del sistema de financiación autonómica que España tiene pendiente abordar desde hace años, y que el Gobierno quiere abordar en 2022 impulsando entre otras medidas una armonización fiscal entre regiones, causó ayer un choque de alto voltaje entre los Ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Madrid.
Todo comenzó con unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que durante un desayuno organizado por Europa Press declaró que entre las posibles soluciones a los problemas de infrafinanciación de comunidades como la suya “podría ser una opción” plantear la creación de un impuesto específico para las rentas altas de Madrid, que concentra las mayores del país, y a la que acusa de ejercer una “competencia desleal” impositiva.
La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz
Ayuso, tardó unas horas en contestar pero lo hizo con contundencia: “Los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien”, adujo el portavoz del Gobierno de la comunidad y titular de Educación, Universidad y Ciencia, Enrique Ossorio.
“No voy a improvisar un impuesto”, había matizado Puig, rechazando desarrollar “ningún tipo de invención rápida y no suficientemente rigurosa”. Sin embargo, citó las críticas de la OCDE a la fiscalidad de Madrid, e instó a impulsar una “gran reforma fiscal” que “progresiva” en la que las rentas altas paguen más.
Ossorio cargó con dureza contra él, al que acusó de impulsar un “infierno fiscal” en la Comunidad Valenciana y de cargarla con una “deuda brutal”. “Tiene que imitarnos, estamos dispuestos a explicarles cómo se hacen estas cosas, pero no puede para disimular sus errores decir que es porque somos capital o porque hacemos dumping fiscal y somos insolidarios. Los dirigentes socialistas tienen tendencia a ocultar sus errores echando culpas a otros”, sostuvo.
El episodio denota el clima de tensión en el que el Gobierno busca abrir el melón de la reforma de la financiación regional, ante la que Valencia, Andalucía y Murcia denuncian su infrafinanciación; Madrid amenaza con defender su autonomía en los tribunales; y los grupos catalanes piden también más impuestos en la capital.
El episodio denota el clima de tensión en el que se prevé abordar la reforma de la financiación autonómica