Anfac y Faconauto ponen cifras a la incógnita clave del cambio al coche sin emisiones

Las autoridades han fijado las condiciones de contorno para el cambio al vehículo eléctrico: la más sonora de todas, la prohibición de la venta de coches de combustión en 2035, según Bruselas. Ahora hay que resolver la ecuación, y la incógnita principal es quién instalará y pagará por los puntos de recarga, la clave de bóveda de todo el proceso. Anfac, patronal de fabricantes, y Faconauto, su homóloga de concesionarios, calculan y piden que sean 340.000 electrolineras públicas en 2030, con una inversión de 5.500 millones, aunque no concretan el reparto de los costes. Es el cascabel del gato, y acabarán pagándolo los contribuyentes o los consumidores, que para el caso es lo mismo, ya sea a través de impuestos o repercutido en el coste de los vehículos, si es que las propias empresas del sector acaban teniendo que tomar las riendas. Se acelere el proceso o se deje para más adelante, en algún momento habrá que darle un impulso fuerte para ponerle números a la teoría.