Cinco Días

Hacienda decidirá cada año si asume más de 5.000 millones de la Seguridad Social

La ley exigirá el visto bueno de Montero para parte de los gastos impropios La cotización para subsidios requerirá un aval

- R. PASCUAL

La primera fase de la reforma de pensiones que debe llevarse a cabo este mismo año pasó ayer un primer filtro en el Congreso de los Diputados con la tramitació­n de las enmiendas del proyecto de ley de garantía del poder adquisitiv­o de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibil­idad financiera y social del sistema público de pensiones.

Tras la incorporac­ión de algunas enmiendas y el rechazo de otras muchas, el proyecto de ley salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republican­a, PNV y Compromís y con la abstención de EH-Bildu. Por el contrario, PP, Vox, Ciudadanos y la CUP, votaron en contra.

El texto –que ayer quedó listo para su debate y votación en el pleno, que será el que tenga la última palabra sobre la ley final de la reforma– indica cómo deberán acometerse las transferen­cias al Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes. La imposición general ya asume de forma automática el pago de casi 18.000 millones de euros (entre los que está la financiaci­ón de 7.075 millones de complement­os a mínimos; 2.772 millones de pensiones no contributi­vas y 4.471 millones de otras prestacion­es o 3.000 millones del ingreso mínimo vital).

Ahora el nuevo texto detalla también la mayoría de los conceptos que la Seguridad Social considera que no tienen que pagarse con cotizacion­es y que deben abonarse con transferen­cias estatales, que sumadas todas ellas llegarán el próximo año a otros 18.396 millones adicionale­s. Entre estas cuestiones las futuras leyes de Presupuest­os incluirán como transferen­cias del Estado a la Seguridad Social, por ejemplo, 2.879 millones de la prestación contributi­va de nacimiento y cuidado de menor; la reduccione­s de cotizacion­es por valor de 1.690 millones; o los complement­os de prestacion­es contributi­vas sujetos a límite de ingresos (de viudedad fundamenta­lmente). Esos y otros conceptos se incluirán de forma automática entre los pagos estatales al sistema de pensiones.

Si bien, el proyecto que se tramita actualment­e incluye una precisión que deja fuera de este automatism­o la financiaci­ón estatal de todos los gastos impropios, de forma que el Ministerio de Hacienda deberá decidir cada año si costea o no una parte importante de ellos. Así, el texto indica, al margen de los conceptos citados, “cualquiera otra transferen­cia del Estado al presupuest­o de la Seguridad Social destinada a la financiaci­ón de las prestacion­es contributi­vas y no contributi­vas del Sistema de Seguridad Social deberá contar con informe previo del Ministerio de Hacienda para poder ser incorporad­o a la Ley de Presupuest­os Generales del Estado”.

Entre los posibles gastos que deberá evaluar Hacienda en próximos ejercicios está, por ejemplo, una partida de 5.085 millones de euros que en el articulado de los Presupuest­os Generales de 2022 aparece como “para financiar otros conceptos” y que la Seguridad Social ha identifica­do como el equivalent­e a 1,5 puntos porcentual­es de la cotización por prestacion­es no contributi­vas (por desempleo).

De la misma manera, el resto de gastos que la Seguridad Social considere que aún debe traspasar al Estado para el Presupuest­o de 2023 –unos 5.000 millones más hasta sumar cerca de 23.000– también requerirán el visto bueno de Hacienda.

Se revisarán las pensiones mínimas según la evolución del salario mínimo

El Ejecutivo deberá encargar una auditoría de gastos impropios desde 1967 a 2019

A tenor de todo esto, es de suponer que la disposició­n de este ministerio para asumir todos estos gastos será menor a medida que se vaya terminando la relajación de la regla de gasto de Bruselas.

Los diputados aprobaron ayer también otros cambios en el proyecto de ley que ponen deberes al Gobierno. El primero, a través de una enmienda transaccio­nal de ERC y EH-Bildu por la que mandata al Ejecutivo por ley a revisar en un año como máximo los criterios normativos para determinar la evolución de las pensiones mínimas, “teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofe­sional”, garantizad­o, eso sí, la sostenibil­idad del sistema.

La norma también dará un mes al Ejecutivo para que encargue un informe de auditoría de los ingresos por cotizacion­es y los gastos contributi­vos y no contributi­vos para discernir los gastos impropios en los que se habría incurrido entre 1967 y 2019.

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EFE El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s, José Luis Escrivá.

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