Con la plusvalía se gestionaba mejor que con los rigores del principio de legalidad

Impuestos

El principio de legalidad sale muy caro; que se lo digan si no a los alcaldes a los que el varapalo al impuesto de plusvalía municipal dado recientemente por el Tribunal Constitucional ha hecho un roto difícil de remendar. Los municipios no solo se han quedado de un día para otro sin un impuesto que les proporcionaba 2.500 millones al año, sino que tendrán que lidiar con el nuevo diseño del tributo: legal, pero manifiestamente insuficiente. Tras solicitar a Hacienda que cree una hucha para compensar el desaguisado, los alcaldes apuestan por lo que puede ser su primera victoria: introducir en el Senado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplen un fondo activo para compensar las pérdidas que están sufriendo.