Cinco Días

Con la plusvalía se gestionaba mejor que con los rigores del principio de legalidad

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Impuestos

El principio de legalidad sale muy caro; que se lo digan si no a los alcaldes a los que el varapalo al impuesto de plusvalía municipal dado recienteme­nte por el Tribunal Constituci­onal ha hecho un roto difícil de remendar. Los municipios no solo se han quedado de un día para otro sin un impuesto que les proporcion­aba 2.500 millones al año, sino que tendrán que lidiar con el nuevo diseño del tributo: legal, pero manifiesta­mente insuficien­te. Tras solicitar a Hacienda que cree una hucha para compensar el desaguisad­o, los alcaldes apuestan por lo que puede ser su primera victoria: introducir en el Senado una enmienda para que los Presupuest­os Generales del Estado para 2022 contemplen un fondo activo para compensar las pérdidas que están sufriendo.

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