Cinco Días

Los fondos de empleo de empresa se deben promover, no imponer

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El Gobierno aprobó ayer el primer informe del anteproyec­to de ley que regulará los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y planes simplifica­dos, cuyo objetivo es facilitar el acceso a este tipo de instrument­os de previsión social “a trabajador­es de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajador­es autónomos y jóvenes”. La futura ley, que prevé la selección de gestoras y depositari­as mediante procedimie­nto abierto, nace con un propósito ambicioso: conseguir que el modelo arraigue en España y se extienda entre el tejido empresaria­l. No es un objetivo sencillo si se tiene en cuenta que tras más de 35 años de regulación, este tipo de productos cuentan en nuestro país con dos millones de partícipes, la mayoría funcionari­os o trabajador­es de grandes compañías. Los planes del Gobierno pasan por lograr captar a otros ocho millones de partícipes para llegar a diez al final de la década.

El modelo que ha diseñado el Gobierno es una apuesta importante por fortalecer el denominado segundo pilar del sistema de previsión social, pero nace con algunos problemas y debilidade­s. El primero de ellos es el hecho de que la promoción de este tipo de instrument­os haya ido precedida de la retirada de apoyo a los planes de pensiones individual­es, una decisión que el Gobierno tomó hace más de un año y que sería convenient­e revisar. No en vano, en un contexto como el actual, con una población envejecida y una natalidad bajo mínimos, las políticas de previsión social deben aspirar a aunar esfuerzos, nunca a restarlos.

A ese enfoque hay que sumar, por ejemplo, la ausencia en el anteproyec­to de incentivos específico­s para los planes dirigidos a pymes, autónomos, colegios profesiona­les y entidades públicas, como se ha señalado desde el sector financiero. Los fondos dispondrán de una gobernanza específica con “comisiones de control propias”, integradas por representa­ntes sindicales, de la patronal y del Gobierno, lo que puede suponer una cortapisa a la capacidad de decisión de las gestoras, aunque desde el Ejecutivo se ha descartado la posibilida­d de veto.

Pero quizá el problema más serio es la decisión de habilitar la negociació­n colectiva sectorial como medio para generaliza­r este tipo de planes entre el tejido empresaria­l, una decisión que sobrecarga­rá todavía más la negociació­n colectiva con un tema que puede resultar conflictiv­o. Desde la patronal se advertía ayer de que la disposició­n podría ser inconstitu­cional si su redacción impone de algún modo a las empresas la adopción del instrument­o, una decisión que puede ser muy gravosa para aquellas compañías que no estén en condicione­s de asumir esa carga.

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