Cinco Días

Ocho presidente­s autonómico­s de PSOE, PP y PRC fijan una posición común sobre financiaci­ón

- J. PORTILLO

La batalla por la reforma del sistema de financiaci­ón autonómica, pendiente desde 2014, ha comenzado. Mientras el Ministerio de Hacienda ultima los baremos a tener en cuenta para el nuevo reparto de fondos que aspira a consensuar con las regiones, el bloque de ocho autonomías más despoblada­s ha fijado, pese al distinto signo político de sus mandatario­s, una posición común.

Así se logró ayer en la reunión de los presidente­s autonómico­s del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); del Partido Regionalis­ta de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y de los del PSOE, Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadur­a), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias), celebrada en Santiago de Compostela.

Estos territorio­s suponen dos tercios del territorio español pero solo la cuarta parte de su población. El grupo saldó la cita, que duró casi tres horas, con una declaració­n común en la que reclaman que el rediseño del modelo de financiaci­ón autonómica tenga en cuenta la dispersión de la población y el sobrecoste de prestar servicios básicos en las zonas despoblada­s. El grupo reclama, a su vez, que la reforma se pacte de forma multilater­al en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin pactos bilaterale­s como los sellados con Cataluña.

La declaració­n que sale del Foro de Santiago se salda con consenso en 35 de los 47 puntos planteados inicialmen­te y apenas un encontrona­zo en torno a la pretensión del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, de incluir mecanismos de protección frente a los ataques del lobo.

En definitiva, el bloque pide que el recálculo de la asignación económica destinada a las comunidade­s prime la tasación de sus gastos reales en función de la dispersión de su población, su baja densidad, la orografía del territorio, y promueva la equidad en el reparto de recursos. “No sería posible la consecució­n de un sistema de financiaci­ón justo e igualitari­o sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplica­r las unidades de prestación de servicios de cercanía”, como escuelas o centros de salud, reza el texto.

Los territorio­s más despoblado­s piden una reforma que compense el coste de servicios

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